Ana María Ara Sorribas, María Jesús Ara Sorribas y Beatrice Huber

Actividad
Derechos de las mujeres, derechos politicos

Agresiones
Criminalización y hostigamiento migratorio

HECHOS - El lunes 26 de noviembre, las defensoras Ana María Ara Sorribas y María Jesús Ara Sorribas, ambas con nacionalidad del Estado español y residentes en Nicaragua desde 1985, y Beatrice Huber, con nacionalidad suiza y residente en Nicaragua desde hace 22 años, acudieron a las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) atendiendo a la citación que, sin especificar el motivo, se les había comunicado dos días antes, el sábado 24 de noviembre.

En las dependencias de la DGME, tras varias horas de interrogatorio en las que se las acusó de haber participado y promovido actividades políticas, lo que está prohibido a las personas residentes, y arguyendo falsamente que esta era la tercera advertencia que recibían al respecto, las autoridades migratorias procedieron a revocar el permiso de residencia de María Jesús, el cual estaba vigente, y se informó a las tres que debían volver a iniciar el proceso de solicitud de residencia (los permisos de Ana María y Beatrice se encontraban en trámite de renovación). Como consecuencia de ello, las tres defensoras deberán comparecer cada quince días ante las autoridades migratorias.

Todo ello sucedía en un contexto de intensificación de la campaña de represión y persecución a defensoras y organizaciones feministas sostenida por el Gobierno, tal y como se desprende del discurso criminalizador y de odio llevado a cabo por la vice-presidenta, Rosario Murillo, el viernes 23 de noviembre.

Desde la IM-Defensoras condenamos estos actos arbitrarios que no tienen otro objetivo que reprimir y coartar el derecho a defender derechos de las defensoras y organizaciones feministas y exigimos la inmediata reposición del permiso de residencia a María Jesús Ara, así como la garantía de un trámite apegado a derecho en el caso de las renovaciones en curso de los permisos de Ana María Ara y Beatrice.

Asimismo, exigimos el cese inmediato de la persecución contra las defensoras, organizaciones y movimientos feministas de Nicaragua; así como de la represión y violencia contra líderes y movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y población en general.

Llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con todos ellos y ellas y a seguir presionando para encontrar una salida pacífica a la grave crisis socio-política y de derechos humanos que enfrenta el país.