Fotografía: Jorge Mejía Peralta
- CIDH otorgó medidas cautelares a Amaya Coppens, Neyma Hernández Ivania Álvarez, Olga Valle, Wendy Juárez, Olama Hurtado, José Medina, Hánzel Quintero, Atahualpa Quintero, Jesús Téfel, Roberto Buchting, Melvin Peralta, Derlis Hernández, Marvin López, Wilfredo Brenes y Jordan Lanzas.
- La Comisión comprueba graves riesgos para los derechos a la vida, la integridad y salud de los y las beneficiarias.
Managua y San José, 27 de diciembre de 2019.- El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 16 personas activistas y defensoras de derechos humanos apresadas injustamente desde el 14 de noviembre en Masaya, Nicaragua.
El grupo de personas beneficiarias, autodenominado “Banda de los Aguadores y las Aguadoras”, está conformado por activistas, defensoras y defensores que fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria mientras llevaban agua a las madres de otros presos políticos en huelga de hambre.
En su resolución emitida hoy, la CIDH lamenta la falta de respuesta del Estado a la solicitud de información que le fue realizada e indica “que se halla suficientemente acreditada la existencia de una situación de grave riesgo para los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás beneficiarios que están privados de libertad”.
“Traemos agua para las madres en huelga”
Las y los activistas y defensores, se acercaron a la iglesia San Miguel en Masaya, en la noche del 14 de noviembre para llevar agua a familiares de presos políticos en huelga de hambre. Las autoridades habían cortado el suministro de agua y energía; el cerco policial no les permitió el paso, les arrestó, les apresó y procesó por portación ilegal de armas.
En su resolución la CIDH hace énfasis en las condiciones de detención en las que se encuentran los y las beneficiarias. En este sentido, las familias de estas 16 presas y presos políticos han denunciado reiteradamente que les tienen en celdas muy pequeñas, con música a todo volumen alusiva al partido de gobierno, sin artículos de cuidado personal, material de lectura, ni ropa de cama limpia.
Asimismo, la Comisión tomó en consideración el estado de salud de estas personas, quienes se encuentran enfermas, expuestas a condiciones insalubres y sin acceso a atención médica adecuada. Al respecto, Neyma Hernández, padece de hipertiroidismo, problemas cardíacos, parálisis facial y en otras partes de su cuerpo. Por su parte, la salud de Amaya Coppens se ha visto afectada por problemas de asma. Ellas no han recibido la atención de salud necesaria ni información para ellas o sus familiares. A esto se suman las constantes amenazas y abusos que enfrentan por parte de las autoridades del centro de detención.
A raíz de su detención, familiares de las personas beneficiarias también han sido objeto de persecución estatal, intimidaciones y agresiones. Esta misma semana, Diego y Santiago Coppens, hermanos de Amaya Coppens, fueron agredidos por aproximadamente 15 personas y detenidos por varias horas.
Ante estos hechos, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás beneficiarios que se hallan privados de libertad en el Nuevo Chipote; asegure que sus condiciones de detención son compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; garantice el acceso a un tratamiento médico adecuado, siguiendo las recomendaciones de los especialistas correspondientes, a aquellos beneficiarios que lo requieran; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición”.
Por su parte, las organizaciones solicitantes exhortan a las autoridades nicaragüenses a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, a fin de garantizar la vida e integridad personal de las 16 personas detenidas. También instan a la comunidad internacional a mantener sus ojos en Nicaragua, toda vez que la represión iniciada en abril de 2018 se mantiene en la actualidad.
La CIDH, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el Parlamento Europeo, responsabilizan al régimen de Ortega de cometer graves violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales, entre otros crímenes “de lesa humanidad”. Al día de hoy, se cuentan al menos 328 personas asesinadas y más de 160 presos y presas políticas.
