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[Alerta Defensoras] MÉXICO / Campaña de difamación y desprestigio contra Aída Isela González Díaz, defensora de los derechos de las comunidades Rarámuri en Chihuahua.

Aída Isela González Díaz

Organización
Alianza Sierra Madre

Actividad
Defensa de la tierra y el territorio, derechos de los pueblos indígenas y de los derechos sexuales y reproductivos.

HECHOS – La defensora Aída Isela González está siendo objeto de una campaña de difamación y desprestigio a través de medios de comunicación por parte del representante legal de la comunidad agraria “Coloradas de los Chávez”. 

A finales de septiembre, la comunidad indígena de Choréachi denunció la invasión y cercado de un área de 104 hectáreas en su territorio por parte de trabajadores de la comunidad “Coloradas de los Chávez” con el objetivo de desarrollar un proyecto denominado “Restauración de microcuencas estratégicas”. Alianza Sierra Madre denunció y documentó en campo la invasión. Este proyecto fue indebidamente autorizado el 11 de mayo de 2020 por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), al tratarse de unos terrenos en litigio, el cual debe ser dirimido por la Suprema Corte de Justicia, y no haberse garantizado el derecho al Consentimiento, Libre, Previo e Informado por parte de la comunidad de Choréachi. Además, el proyecto supone una amenaza para el patrimonio natural y cultural del pueblo Rarámuri y afecta el acceso preferente a los bienes naturales que se encuentran dentro del territorio ancestral de estas comunidades. 

Desde hace más de 30 años, las comunidades rarámuri Choréachi y Coloradas de la Virgen, han luchado para defender su territorio ancestral frente a proyectos transnacionales y el crimen organizado, que ilegalmente buscan aprovecharse de sus recursos naturales, lo cual ha traído graves consecuencias para las comunidades. Se han denunciado amenazas, hostigamientos a integrantes de la comunidad y asesinatos de líderes. Por ello, la reciente ocupación ilegal de este territorio por parte de trabajadores pertenecientes a la comunidad Coloradas de los Chávez pone en riesgo la vida de las personas de Choréachi, especialmente, la de mujeres y niñas contra quienes ya se han registrado agresiones. 

Desde la IM-Defensoras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y  Alianza Sierra Madre exigimos el cese a los actos de difamación en contra de la defensora de derechos humanos Aída Isela González, así como garantías de seguridad para ella y para todas las personas que integran la comunidad Rarámuri de de Choréachi.

Tercer foro virtual: “Defender derechos en tiempos de COVID 19”: memoria, verdad y justicia en Mesoamérica

México y Centroamérica, 27 de julio de 2020.- Mañana martes 28 de julio presentamos la tercera entrega de nuestra serie de webinarios “Defender derechos en tiempos de COVID 19: retos para México y Centroamérica”, un espacio para conversar con las personas y organizaciones que defienden derechos en nuestra región y conocer de primera mano los impactos de la pandemia en el derecho a defender derechos humanos, en la defensa del ambiente y el territorio, en el acceso a la libertad de expresión, y en el acceso a la verdad y la justicia.

En el marco de la pandemia, la defensa de derechos humanos se ha visto limitada a partir de las restricciones a la movilidad y el cierre de espacios de defensa, así como la suspensión de procesos judiciales, que ha afectado de manera diferenciada a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su búsqueda de justicia.

Al respecto, conversaremos con personas defensoras de derechos humanos de Centroamérica y México que buscan incesantemente preservar la memoria, y alcanzar verdad y justicia para sus familiares. Mañana a las 14:00 Centroamérica/15:00 México hablaremos con ellas y ellos sobre los obstáculos que la pandemia ha significado para el acceso a la justicia, así como las intenciones de impunidad de los Estados de la región. 

En nuestro foro sobre “Memoria, verdad y acceso a la justicia” contaremos con las siguientes panelistas:

  • Francys Valdivia – Asociación Madres de Abril, Nicaragua
  • Alejandra Cabrera – Familiar de víctimas de caso Diario Militar, Guatemala
  • José Cruz Vigil – Asociación Promotora de Derechos Humanos de Víctimas de El Mozote, El Salvador
  • Laura Orozco – Colectivo Familiares Caminando por Justicia, México
  • Laura Zúniga – Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Honduras
  • José Ugalde Mejía – Colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro AC, México
  • Modera: Eduardo Guerrero, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Estos foros virtuales son abiertos al público y contarán con traducción simultánea al inglés mediante la plataforma Zoom. Las personas interesadas pueden inscribirse en: http://bit.ly/31Ujlu7 o seguir la transmisión desde Facebook Live.

Los foros virtuales “Defender derechos en tiempos de COVID 19: retos para México y Centroamérica”, son organizados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Espacio OSC, Front Line Defenders, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Red Nacional de Mujeres Defensoras en México, la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) y el North American Congress on Latin America (NACLA).

[Alerta Defensoras] MÉXICO / Asesinan a defensora, médica trans en Morelos

Elizabeth Montaño

Actividad:
Derecho a la salud, derechos de la comunidad LGBTIQ+

HECHOS – La defensora trans Elizabeth Montaño fue asesinada en Morelos. Ella era una médica general, defensora del derecho a la atención médica para las personas de la comunidad LGBTQI+ en el IMSS, además de realizar procesos y proyectos de educación para el área médica y enfermería, con el objetivo de capacitar a quienes brindan atención médica a pacientes transgénero.

La doctora, que se desempeñaba además como jefa de Calidad Educativa del área de Coordinación de Educación y Salud del hospital Siglo XXI, fue vista por última vez el 8 de junio de 2020. El 10 de junio, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, emitió una ficha de búsqueda hasta que ayer 18 de junio de 2020 su cuerpo fuera localizado al costado de la carretera federal México – Cuernavaca, en el municipio de  Huitzilac, Morelos.

Según datos del investigador de la UAM e integrante del colectivo Letra Ese Samuel Jair Martínez Cruz, sólo entre 2013 y 2018 se registraron 73 crímenes de odio en México, de los cuales, 261 fueron cometidos contra mujeres transgénero. En dicho contexto, un promedio de 79 personas de la comunidad LGBT son asesinadas de manera violenta año tras año, pero sólo 10% es investigado como crimen de odio, aún cuando al menos 22 sufren de violencia sexual antes o después del asesinato y 60 más mostraban signos de tortura.

Condenamos el asesinato de la doctora, defensora de la salud y los derechos LGBTIQ, así como cualquier acto de violencia discriminación por orientación sexual e identidad de género. Exigimos además una investigación urgente e independiente que esclarezca el asesinato de Elizabeth, así como medidas de protección para la comunidad LGBTI, en especial para las defensoras que defienden los derechos de las personas diversas.

Elizabeth Montaño defensora y médica trans
Elizabeth Montaño defensora y médica trans

#AlertaUrgente MÉXICO / Retiran protección a defensora y víctimas de violencia con medidas cautelares en Yucatán

El 31 de marzo del 2020, el gobierno del estado de Yucatán a través de la Secretaría de Seguridad Pública, decidió modificar las medidas de protección asignadas a una compañera defensora, víctimas de violencia y sus familias.

La defensora y las víctimas tenían medidas cautelares, las cuales fueron retiradas por la Secretaría usando como argumento que deben “mantener la salud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública” en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19. En un documento, entregado por la entidad antes mencionada a la defensora, se le indica que debe llamar a números de emergencia ante una eventualidad.

Hacemos un enérgico llamado al estado de Yucatán y a la Secretaría de Seguridad Pública a abstenerse de modificar las medidas de protección a defensoras de derechos humanos y a víctimas de violencia. Recordamos al Estado Mexicano que cualquier consecuencia de una agresión sufrida contra las defensoras y víctimas de violencia que cuentan con medidas cautelares, recae sobre su responsabilidad.

Recordamos al Estado Mexicano y a los Estados de Mesoamérica que no es posible dejar de proteger a quienes nos defienden bajo la excusa de atender la crisis del Covid-19. Las “medidas sanitarias” no deben pasar por encima de los derechos humanos de las defensoras y de las poblaciones más vulnerables de nuestra región.

Alerta mexico medidas cautelares

[CARTA PÚBLICA] Condenamos represión policial contra las madres de Ayotzinapa en el Estado de Chiapas

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CARTA PÚBLICA

Ciudad de México, 18 de febrero de 2020.

Sr. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudad de México.
Sra. Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación.
Ciudad de México.
Sr. Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Ciudad de México.
Sr. Rutilio Escandón Cadena
Gobernador del Estado de Chiapas.
Sr. Ismael Brito Mazariegos
Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas.
Dr. Limber García Zapata
Secretario de Salud del Estado de Chiapas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (en adelante RNDDHM), integrada por 279 defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de 27 estados de la República, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (en adelante IM-Defensoras) expresamos preocupación e indignación por la brutal agresión que fuerzas de seguridad pública del Estado de Chiapas llevaron a cabo, el domingo 16 de febrero de 2020, contra las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Mactumatza.

Resulta totalmente reprobable que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, no garantice el legítimo derecho humano a la protesta y haga uso de la violencia para reprimir las exigencias de justicia y verdad, sobre todo en el marco de la conocida caravana de búsqueda que han emprendido las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Ayotzinapa.

Se establece la represión desde el momento en que se decide implementar un operativo de magnitud desproporcionada, en el que participaron cerca de 200 elementos de la policía del estado de Chiapas y de la Guardia Nacional. También es inconcebible que dichas fuerzas de seguridad hayan actuado por mutuo propio y que autoridades de alto nivel desconocieran las agresiones perpetradas en contra de la manifestación convocada por jóvenes normalistas de Chiapas, en la cual también participaban familiares de los 43 así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Ante esto, nos preocupa el grado de vulnerabilidad de las medidas de protección y seguridad que el Gobierno Mexicano está obligado a otorgar y garantizar a las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero sobre todo nos indigna que sea la propia autoridad encargada de brindar seguridad la que violente a quienes debe proteger.

La defensoras que integramos la RNDDHM y la IM-Defensroras nos sumamos a la exigencia de:

  • Investigación y sanción, por acción y omisión, a los responsables, materiales e intelectuales, de las agresiones contra las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, así como de los estudiantes de la Normal Rural Mactumatza, e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Las heridas que doña Hilda Legideño Vargas (madre del estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño, desaparecido el 26 de septiembre del 2014), su hija y otros padres y madres sufrieron representan una nueva agresión por parte del Estado para reprimir su búsqueda de verdad y justicia.

  • Cese al hostigamiento en contra de la Caravana del Sur integrada por el Comité de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

  • Se garantice atención médica integral a las madres lesionadas por la acción violenta de la policía estatal de Chiapas, así como a los jóvenes normalistas que resultaron con heridas y lesiones graves. En este sentido reprobamos la actuación de los hospitales y clínicas del sector público de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se negaron a atender a las personas heridas por ser normalistas y esperamos que se tome las medidas correctivas necesarias para quienes en evidente omisión han puesto en riesgo la vida e integridad de jóvenes y madres victimas de represión.

  • Se garanticen medidas de seguridad para las personas integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Responsabilizamos al gobierno federal y al gobierno de Chiapas de todo lo ocurrido el domingo 16 de febrero de 2020 en torno a quienes demandan justicia, verdad y no repetición.

C.c.p.- Aarón Mastache, titular del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.- Ciudad de México.- Para conocimiento e intervención.
C.c.p.- Jesús Peña, Encargado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ciudad de México.- Para conocimiento e Intervención.
C.c.p.- Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciudad de México.- Para conocimiento e Intervención.
C.c.p.- Michel Forst, Relator Especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
C.c.p.- Sr. Bernard Duhaime, Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.