“La Enredadera” es un espacio de opinión abierto a todas las defensoras de derechos humanos.
Los puntos de vista aquí presentados no necesariamente coinciden con los de la IM-Defensoras.
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Por P. Perelló
Artículo de opinión para el espacio “La Enredadera”
Basta con echar un vistazo al perfil en Twitter de la abogada y defensora salvadoreña Bertha María Deleón, para darse cuenta de la intensidad y diversidad de violencias digitales que enfrenta cotidianamente. Difícilmente encontaremos un tuit suyo que no haya sido respondido con una retahíla de comentarios, donde frente a no pocos mensajes respetuosos y constructivos, toman protagonismo muchos otros insultantes, difamatorios o que, directamente, apelan al discurso de odio misógino construído desde la demagogia antifeminista y antiderechos.
Su perfil público, con más de 64 mil cuentas que la siguen, hace inevitable que trolls y otras faunas endémicas de las redes sociales la conviertan en blanco de su intolerancia o en plataforma para sus anhelos de cosechar más “likes”, “retuits” y “followers”. Que sea inevitable no quita que ello resulte sumamente preocupante, pero esta preocupación se convierte en algo más inquietante cuando estos ataques se perpetran y se alientan desde las cuentas de altos cargos del gobierno. El pasado 31 de marzo, no fue un simple troll anónimo o escudado tras un falso perfil el que atacó con calumnias e insultos misóginos a Bertha María Deleón, fue el mismísimo Ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ello sucedió días después de que Walter Araujo, personaje cercano al Presidente Nayib Bukele, la señalara, calumniara y cuestionara su “moral sexual”. Tras estos detonantes, los ataques de trolls y boots contra la defensora se intensificaron, evidenciando una acción planificada, coordinada y organizada.
Desde su llegada al poder en 2019, la práctica de gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por un progresivo viraje hacia posturas populistas y autoritarias y en las que las redes sociales se han convertido en uno de sus principales bastiones para posicionar sus políticas y atacar, censurar y vigilar a quienes se oponen a ellas. No por casualidad se lo ha llegado a describir como un gobierno “a golpe de Twitter”. Esta tendencia se ha acelerarado y agravado con el despliegue de las medidas de excepción impuestas con el pretexto de combatir la emergencia sanitaria provocada por la irrupción a escala global de la Covid-19.
En este contexto, están a la orden del día los abusos policiales, las detenciones arbitrarias y confinamientos obligados y prolongados por más de treinta días en centros de contención cuyas condiciones de insalubridad, hacinaminto e higiene, según han denunciado organismos internacionales, los convierten en potenciales ámbitos de contagio; es el caso de las defensoras Ana Cristina Barahona y Sara Benítez. También hemos asistido al incremento de los femicidios y la violencia misógina hacia mujeres obligadas a quedarse en casa junto a sus agresores. La condena al hambre de mujeres y familias cuya economía depende del trabajo informal realizado a diario es otra de las consecuencias del Estado de emergencia decretado por el gobierno.
Frente a esto, las defensoras y mujeres periodistas que alzan su voz para alertar y denunciar estas violaciones a derechos humanos han recibido ataques digitales que van desde vulneraciones a su privacidad, campañas de ciber-acoso, amenazas, hackeos, linchamiento mediático hasta la exposición pública a través descalificaciones en las que la violencia de género está muy presente. Es el caso ya citado de Bertha María Deleón, pero también de la académica Ivone Ribera y la periodista Mariana Belloso, víctimas sistemáticas de ataques y hostigamientos, así como de otras defensoras como Monterrat Arévalo y Camila Portillo, de organizaciones como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, o de periodistas como Yaneth Estrada, por citar algunos de los casos que la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras han documentado. A todo ello cabe añadir las sistemáticas restricciones a la libertad de prensa que ha puesto de relieve la Asociación Nacional de Periodistas de El Salvador (APES) a través de múltiples alertas y denuncias.
Estos ataques, permitidos, alentados o directamente perpetrados por un gobierno que gobierna a “golpe de Twitter”, con su ejército de trolls y una sofisticada maquinaria de boots, no tienen otro objetivo que silenciar a las voces críticas, sabotear discursos y narrativas disidentes y profundizar en el control de la información que circula en redes sociales para legitimar y normalizar una accción gubernamental cada vez más antidemocrática. También sirven para avivar el discurso de odio y la misoginia estructural en un país que tiene uno de los índices de femicidios y crímenes de odio más elevados del planeta o donde las mujeres son todavía condenadas a penas de 40 años de cárcel por abortar.
De nuestra retina no se ha borrado todavía la imagen del presidente Nayib Bukele rezando en el Parlamento, tomado por militares, poco antes de la irrupción de la COVID-19; como tampoco la de los cientos de jóvenes pandilleros apilados semidesnudos en la cárcel, obligados a posar para ilustrar el mensaje presidencial que daba licencia a la policía para cazarlos en las calles. Todas estas son señales que, más allá de la omnipresente narrativa pandémica, debemos atender y que nos hablan de lo apremiante que es, en estos momentos, cuidar, proteger y garantizar la libertad de expresión y el derecho a informar y defender derechos de nuestras compañeras salvadoreñas.
