[Alerta Defensoras] NICARAGUA / Desde el 15 de abril madres y familiares de personas asesinadas durante protestas de 2018 están siendo sometidas a hostigamiento policial en todo el país.

Asociación Madres de Abril (AMA)

Actividad
Derecho a la verdad, justicia y reparación

HECHOS – La Asociación Madres de Abril (AMA) ha denunciado que desde el pasado 15 de abril, en fechas durante las cuales están recordando el asesinato de sus familiares, varias de sus integrantes están siendo objeto de hostigamiento policial, asedio y ataques contra sus hogares y vulneración de su derecho a la libertad de movilización.   

Estos ataques se dan en el marco de cumplirse dos años del inicio, el 18 de abril de 2018,  de las protestas que el gobierno reprimió de manera brutal provocando una crisis socio-política y de derechos humanos que persiste en el país tras cobrarse más de 300 personas asesinadas, centenares de personas presas políticas, así como multitud de agresiones de diversa índole y gravedad contra activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, periodistas y población en general.

Precisamente, la Asociación Madres de Abril es una de las entidades de referencia surgidas en el contexto de esta crisis, cuando madres y familiares de personas asesinadas en el marco de las protestas se organizaron para exigir justicia, verdad y reparación por los crímenes de lesa humanidad, tal y como los calificó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comisionado por la CIDH, en su mayoría cometidos por fuerzas policiales y paramiltares afines al gobierno.

Estos ataques contra las integrantes de la AMA se unen a los que hemos venido denunciando durante los últimos días contra activistas, personas opositoras, presas políticas excarceladas, periodistas y defensoras de derechos humanos.

Desde la IM-Defensoras condenamos los ataques y el hostigamiento contra las integrantes de la Asociación Madres de Abril, a quienes trasladamos nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento por su incansable lucha en pos de la verdad y la justicia.

Hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier atentado o afectación sobre la integridad física, patrimonial o psicológica de las integrantes de la Asociación Madres de Abril o de sus familias. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a reconocer y a acuerpar la búsqueda de justicia de las Madres de Abril y a mantenerse vigilante ante la escalada represiva que, dos años después del inicio de la crisis, vuelve a darse en Nicaragua.

[COMUNICADO] Foro Internacional monitoreará situación de derechos humanos en Honduras en el marco de la emergencia por COVID-19

Las Américas y Europa, 16 de abril de 2020.- Históricamente, Honduras ha enfrentado profundos retos para la garantía de los derechos humanos. El país es uno de los más violentos del mundo; presenta uno de los más altos índices de percepción de la corrupción, una alta impunidad y el 66% de su población vive en condiciones de pobreza. Ante ese panorama, la defensa de los derechos humanos en el país resulta una labor trascendental.

Frente a ello, más de 30 organizaciones internacionales y nacionales con amplia trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos nos hemos articulado en el “Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras” con el fin de monitorear y visibilizar a nivel internacional la situación del país, generar análisis y acciones conjuntas, basadas en estándares internacionales, y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población.

En particular, en el marco de la emergencia mundial por COVID-19, hemos dado seguimiento a las medidas implementadas por el Estado hondureño y su impacto en las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad.

Nos preocupa que la emergencia sanitaria, aunada a un precario sistema de salud, a una débil institucionalidad, al desabastecimiento y privatización del agua, y a graves problemáticas de corrupción, militarización y explotación de recursos naturales está profundizando los riesgos que enfrenta la población hondureña. En este sentido, denunciamos que las respuestas del Estado de Honduras frente a la crisis, tanto por acción como por omisión, entre ellas la suspensión de garantías constitucionales, han posibilitado nuevas violaciones de derechos humanos.

En las últimas semanas se ha denunciado la falta de condiciones adecuadas en los centros hospitalarios para la atención de pacientes, así como la carencia de insumos y medidas de bioseguridad para el personal de salud. También se ha advertido sobre posibles actos de corrupción con respecto al presupuesto destinado para abordar la crisis.

Sumado a lo anterior, se han documentado agresiones en contra de al menos 45 personas defensoras de derechos humanos y 7 periodistas; la detención arbitraria de la defensora Aleyda Huete en el departamento de Choluteca, así como el asesinato de la defensora Iris Argentina Álvarez durante un desalojo violento en el marco del toque de queda absoluto; el desalojo de al menos 60 personas migrantes de origen haitiano y africano; el desabastecimiento de agua en distintas zonas del país; entre muchos otros casos.

Resulta preocupante la situación de hacinamiento y militarización que enfrentan las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario hondureño, donde carecen de las condiciones necesarias para prevenir el contagio. En particular, denunciamos la situación de personas defensoras criminalizadas, como son los defensores del agua de Guapinol, quienes permanecen en prisión preventiva pese a los múltiples recursos interpuestos desde hace más de 7 meses.

Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras recordamos que ninguna medida para responder a la pandemia debe implicar o justificar violaciones a los derechos humanos. Estas medidas tampoco deben priorizar intereses particulares o empresariales, particularmente del sector extractivo, sobre el bienestar general de la población. Al contrario, deben ser proporcionales y necesarias para la prevención, diagnóstico, tratamiento y contención de la pandemia, contar con un enfoque de derechos humanos y género, y construirse con la participación de organizaciones de sociedad civil.

El Estado, como garante de la protección a la salud y subsecuentemente del derecho a la vida, debe garantizar que toda la población, sin discriminación alguna, tenga acceso a las medidas de prevención indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al diagnóstico y el tratamiento adecuado, así como el acceso al agua y las condiciones de bioseguridad necesarias. Al tiempo, se debe garantizar el acceso de toda la población a información pertinente, oportuna, clara, científica y de calidad sobre la pandemia y garantizar la labor de las y los periodistas independientes.

Hacemos un llamado al Estado para que reconozca la esencial labor de las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, y garantice las condiciones necesarias para que puedan ejercerla manera segura. El Estado debe cesar la represión y criminalización contra la población y abstenerse de emplear a militares en tareas de seguridad pública o en la administración de centros penitenciarios.

Exigimos que las autoridades hondureñas adopten medidas para disminuir el hacinamiento carcelario, otorguen medidas sustitutivas a la prisión preventiva a defensores de derechos humanos detenidos, y garanticen las condiciones para la prevención y tratamiento del virus en los centros penitenciarios, de acuerdo con lo dictado por organismos internacionales. Recordamos que las medidas tomadas en este sentido no deben implicar la liberación o excluyentes de responsabilidad para personas procesadas o condenadas por delitos graves o violaciones de derechos humanos.

En general, requerimos que el Estado hondureño tome medidas diferenciadas para garantizar los derechos humanos de las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad, como personas privadas de libertad, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas y afrohondureños, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas adultas mayores, personas LGBTIQ+, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, personal de salud, mujeres, niños y niñas. El Estado debe responder garantizando la vida, integridad y salud de todas las personas, y, ante las afectaciones económicas de la crisis, garantizar los medios de subsistencia, alimentación, vivienda y trabajo, sin discriminación alguna. Esto en concordancia con los diversos lineamientos indicados por organismos internacionales.

Desde el Foro por los Derechos Humanos en Honduras nos mantendremos vigilantes para monitorear la situación de derechos humanos en el país, denunciar y exigir que el Estado responda a la emergencia de salud que nos enfrenta en concordancia con sus obligaciones internacionales.

Desde este nuevo espacio, las organizaciones que conformamos el Foro reiteramos nuestro compromiso con la garantía de los derechos humanos de toda la población hondureña.

 

Integrantes del Foro:

Internacionales

Amnistía Internacional
Asociadas por lo Justo (JASS) Mesoamérica
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo ANSUR
DIAKONIA
Entrepueblos
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Foro Honduras Suiza
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL)
Front Line Defenders
Fundación Acceso
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission – USA
Honduras Delegation Alemania y Austria
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin America Working Group (LAWG)
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
OXFAM
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Protection International
Trocaire

Nacionales

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas y las Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Caritas de Honduras. Diócesis de San Pedro Sula.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

#AlertaUrgente NICARAGUA / Acuerdo entre patronal, sindicatos oficiales y gobierno por COVID-19 vulnera derechos laborales y agrava precariedad económica de trabajadoras de maquilas.

El pasado 24 de marzo, con el pretexto de enfrentar la crisis generada a escala global por la pandemia COVID-19, el gobierno de Nicaragua, las organizaciones patronales y los sindicatos oficiales que operan en las llamadas Zonas Francas donde se ubican las empresas maquiladoras, firmaron un acuerdo que supone una flagrante vulneración de los derechos laborales de las personas que trabajan en las maquilas, en su mayoría mujeres, y un agravamiento de la situación de vulnerabilidad y precariedad económica en la que ya de por sí se encuentran estas trabajadoras y sus familias. 

En líneas generales, dicho acuerdo facilita a las empresas la ejecución de despidos y la aplicación de reducciones de sueldo y horario. Se hace evidente que en el marco de la crisis sanitaria, la agudización de las condiciones de precariedad que enfrentan estas trabajadoras implica exponerlas a una situación de extrema vulnerabilidad tanto en materia económica como de salud.

En este sentido, en nuestro pronunciamiento “COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana” ya alertamos sobre la necesidad de que, ante la crisis vigente, los Estados deben implementar “políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas”.

A la preocupación por los contenidos y consecuencias de este acuerdo, se suma la indefensión en la que se encuentran las trabajadoras nicaragüenses de cara a oponerse al mismo, negociar y exigir se respeten sus derechos laborales. Ello como consecuencia de la clausura de los espacios de representación no alineados con el gobierno, así como de la persecución política y ataques sistemáticos que enfrentan quienes se organizan para defender derechos humanos o posturas diferentes a las oficiales. 

Por todo ello, desde la IM-Defensoras exigimos a las empresas y al Estado que se respeten los derechos laborales y sociales de todas las trabajadoras de las maquilas y que se prioricen éstos sobre los intereses de las empresas. 

También exigimos al Estado que garantice tanto a las propias trabajadoras como a las personas y organizaciones que las defienden el derecho a defender derechos.

Finalmente, reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para se mantenga vigilante de lo que sucede en Nicaragua, donde nos preocupa que la crisis generada por el COVID-19 puede convertirse en un nuevo instrumento del Gobierno para profundizar la grave crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018. 

#AlertaUrgente EL SALVADOR / En el marco de Covid-19, policía envía a centro de detención a defensora por salir por medicamentos para su hijo hospitalizado

La defensora Ana Cristina Barahona, fue detenida el 13 de abril de 2020, por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, cuando se dirigía a conseguir un medicamento para su hijo de 3 años hospitalizado con bronquitis. En el momento de la detención, Ana Cristina no portaba sus documentos, teléfono o medicamento para tratar su condición de diabética.

Ella fue trasladada a un centro de detención con condiciones insalubres. Se reportan más de 30 mujeres detenidas sólo en ese albergue en situaciones similares, aún cuando tenían justificación de compras para transitar. Ahora sus hijos e hijas se encuentran sin el cuidado de sus madres.

Las autoridades indicaron a la defensora que sólo la retendrían una hora mientras le hacían la prueba del Covid-19, pero no fue así: la llevaron al centro de contención ubicado en el polideportivo de Ciudad Merliot. Estando ahí, le dijeron que no saldrían sino hasta cumplir 30 días de cuarentena. Hasta el momento no les han proporcionado mascarillas, alcohol gel ni acceso al medicamento para la diabetes que Ana Cristina necesita con urgencia.

Ana Cristina Barahona, es una defensora de Derechos Humanos y trabajadora sexual que pertenece a la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, la Organización de Trabajadoras Sexuales de El Salvador y a la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

Exigimos al Estado Salvadoreño, concretamente al ISDEMU, a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos, que verifiquen urgentemente cómo fue detenida la defensora Ana Cristina Barahona y las mujeres que guardan cuarentena en este centro, que tomen en cuenta las condiciones individuales de cada una y valoren la posibilidad de que guarden cuarentena domiciliar.

Demandamos que se investigue la forma en que han detenido a Ana Cristina y el resto de mujeres que se encuentran en este centro de contención, la actuación de la Policía Nacional Civil y de la FAES en el marco de la aplicación de las medidas para enfrentar el COVID-19. Recordamos al Estado salvadoreño que el enfoque que debe primar es el de derechos humanos y garantías constitucionales.

Recordamos al Estado que el lineamiento de la PNC de eximir de detención sólo a mujeres embarazadas, adultos mayores y niñez debe ampliarse también a las mujeres en cualquier condición. El trabajo de defensa y protección comunitaria que en situaciones de crisis es usualmente es liderado por mujeres, en especial por las las defensoras de derechos humanos.

Alerta urgente Cristina Barahona

#AlertaUrgente NICARAGUA / Policía asedia y amenaza a las activistas Guisella Ortega, Dolly Mora y Flor Ramírez

Las activistas nicaragüenses Guisella Ortega, Dolly Mora y Flor Ramírez han denunciado el asedio permanente y las amenazas de que están siendo objeto por parte de agentes de policía desde hace varios días.

En fechas recientes ya hemos denunciado las agresiones y situaciones de hostigamiento que viven Dolly Mora  y Flor Ramírez, las cuales persisten hasta el día de hoy.

Dolly Mora es una reconocida lideresa estudiantil, muy activa en las protestas contra el gobierno iniciadas en abril de 2018, e integrante de la Alianza Cívica. El viernes 13 de marzo, las autoridades de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) decretaron su expulsión de la universidad por las presiones de la Unidad Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), y desde entonces no ha dejado de recibir amenazas y vivir hostigamiento y vigilancia en su casa.

Doña Flor se ha convertido en un símbolo de las protestas contra el gobierno por bailar en las marchas ataviada con un traje típico de Nicaragua, y desde el inicio de la crisis en abril de 2018 ha sido objeto reiterado de ataques, amenazas y hostigamiento. Desde hace dos semanas la policía la mantiene bajo asedio en su casa y no la dejan salir bajo amenaza de detenerla.

Guisella Ortega es una activista autoconvocada que desde el el inicio de la crisis en abril de 2018 ha sido objeto de dos detenciones arbitrarias, el 29 de septiembre del 2018 y 19 de agosto 2019, por ejercer su legítimo derecho a la protesta. El hostigamiento policial que sufre desde hace más de ocho meses se ha intensificado durante las dos últimas semanas, hasta el extremo que no puede salir de su casa ni para realizar las compras de viveres y otras necesidades.

Estos actos de hostigamiento, asedio y amenazas son completamente ilegales y suponen una violación de derechos fundamentales de las activistas y sus familias.

Desde la IM-Defensoras exigimos al Gobierno de Nicaragua el cese inmediato de la persecución, hostigamiento, asedio y amenazas que está llevando a cabo contra Guisella Ortega, Dolly Mora y Flor Ramírez, haciéndolo responsable de cualquier atentado contra la integridad física, psicológica y moral de las activistas y sus familias.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación en Nicaragua, donde la crisis política y de derechos humanos iniciada en abril de 2018 sigue vigente y la persecución contra personas activistas y defensoras de derechos humanos es una constante.

ALERTA urgente Nicaragua 040420
ALERTA urgente Nicaragua 040420