[Alerta Urgente] MÉXICO / Durante jornada electoral, autoridades estatales y federales deben garantizar que mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos ejerzan su labor en condiciones de seguridad.

Mañana, domingo 6 de junio, se celebrarán elecciones en México para renovar a 500 integrantes de la Cámara de Diputados, gubernaturas de 15 estados y cerca de 20 mil cargos locales. El proceso electoral se ha desarrollado en un contexto de violencia en diferentes entidades federativas que desde hace décadas enfrentan un clima de temor y restricción de la participación política, el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos.

Las mujeres defensoras y periodistas son objeto de agresiones que se exacerban por la discriminación y la violencia de género. Solo en 2020 la Red Nacional de Defensoras documentó 1520 agresiones y 7 asesinatos contra mujeres defensoras, periodistas y colectivas de derechos humanos. Este 2021 hemos advertido un entorno particularmente hostil para quienes defienden los derechos humanos, ejercen la labor periodística y las feministas.

En este marco, ayer viernes, 4 de junio, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos humanos en México enviaron una comunicación a las autoridades estatales de Guanajuato, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Campeche, Baja California Norte, Tamaulipas y Veracruz, entidades donde en el marco de la jornada electoral se advierte un mayor riesgo para mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, demandando  se tomen las medidas necesarias para garantizar que éstas puedan llevar a cabo su fundamental labor de información, acompañamiento y monitoreo de violaciones de derechos humanos.

 Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Mexico, tenemos especial preocupación por las agresiones que puedan cometer actores como equipos de campaña, simpatizantes y militantes de partidos políticos, personas candidatas a puestos de elección, así como elementos de seguridad y la función pública contra mujeres periodistas y defensoras. Nos preocupa también la connivencia entre autoridades locales y grupos del crimen organizado y el riesgo que esto significa para la población en general y en particular para quienes documentan violaciones a derechos humanos, así como los discursos y acciones de odio y estigmatización que grupos conservadores y anti-derechos puedan emitir en contra las mujeres defensoras y periodistas.

Desde la Red Nacional de Defensoras de México, integrante de la IM-Defensoras, estaremos vigilantes y denunciando cualquier acto de hostigamiento, obstaculización de la labor periodística, difamación, criminalización y violencia sexual contra nuestras compañeras defensoras y periodistas.

 Reiteramos el llamado urgente a las autoridades estatales y a nivel federal así como a los partidos políticos para que garanticen el respeto a los derechos humanos de las defensoras y periodistas para que puedan, en el marco de la jornada electoral, desarrollar su labor informativa y de defensa de derechos humanos en condiciones de libertad y seguridad.

 

[Alerta Defensoras] NICARAGUA / Con hostigamientos, persecución policial y múltiples restricciones para desarrollar su labor, vulneran el derecho a informar de la periodista Marisol Balladares sobre la situación de personas damnificadas por el huracán Eta.

Marisol Balladares Blanco

 

Actividad

Derecho a la información y a la libertad de expresión

 

HECHOS – La periodista y abogada Marisol Balladares Blanco ha denunciado a través de medios de comunicación y redes sociales que desde el pasado 8 de noviembre, cuando junto al camarógrafo Fernando Duvan Rivera salió de Managua hacia la costa Caribe con la intención de brindar cobertura periodística y ayuda humanitaria ante la situación de las personas damnificadas por el huracán Eta, ha sido objeto constante de hostigamiento, violaciones a sus derechos y persecución por parte de la policía y otros funcionarios del gobierno.   

Según señala la periodista, en el transcurso del viaje fueron objeto de retención arbitraria en 145 retenes policiales, en los cuales les hicieron preguntas y les revisaron sus pertenencias. Una vez que consiguieron llegar al albergue de personas damnificadas en la Costa Caribe Norte, no se les permitió ingresar bajo el pretexto de que solo podían acceder funcionarios del gobierno. 

El 10 de Noviembre, tras conseguir que el director del albergue accediera a atender su solicitud de acceso, se les prohibió llevar cámaras y, en el momento en que comenzaron a grabar con sus celulares para documentar la realidad que están viviendo las personas albergadas, funcionarios del albergue les retuvieron y dieron la orden de no dejarles salir. Tras lograr salir con su vehículo, la policía les dio persecución, la cual pudieron eludir. No obstante, circula información sobre la supuesta existencia de una orden de captura en contra de Marisol Balladares y su camarógrafo.

Estos actos de persecución y acoso buscan limitar la libertad de expresión de la periodista y el derecho a información del pueblo nicaragüense sobre la responsabilidad y la negligente actuación del Estado frente a la emergencia humanitaria provocada por el huracán Eta, y se enmarcan en los constantes ataques que siguen viviendo medios de comunicación, activistas, organizaciones y personas defensoras de defensoras de derechos humanos en el país, y que en los últimos días han estado dirigidos contra quienes brindan ayuda humanitaria a las comunidades y personas damnificadas por el huracán.

Desde la IM-Defensoras nos solidarizamos con Marisol Balladares y denunciamos los ataques que ha enfrentado, los cuales ponen en riesgo su integridad personal y vulneran su derecho a la libertad de expresión y a ejercer su trabajo periodístico y labor humanitaria. 

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional a seguir de cerca la situación de Nicaragua en esta nueva fase de persecución contra medios de comunicación, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y a exigir el cese de la represión.