Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras – Este jueves 15 de octubre de 2020, 3 compañeros y 3 compañeras integrantes del COPINH fueron detenidas por defender y recuperar sus territorios en la comunidad de El Achotal, departamento de Siguatepeque.
La jueza a cargo del caso declaró prisión preventiva por el supuesto delito de usurpación de tierra para las compañeras María Leticia Sánchez, Iris Yolanda Herrera, María Trinidad Herrera, y los compañeros Benito Herrera, Benjamín Sánchez y Edi Funez.
COPINH además denuncia que Benito Herrera y María Leticia son responsables de 3 menores de edad, quienes han quedado en desamparo luego de la detención de sus padres.
Desde la Red Naciónal de Defensoras de Derechos Humamos en Honduras condenamos la criminalización de la defensa de la tierra y exigimos la inmediata liberación de las y los compañeros ya que el supuesto delito del que se les acusa no amerita la acción legal de prisión preventiva.
Condenamos que mientras los responsables de graves delitos de corrupción y crímenes contra la vida continúan en la impunidad, el sistema de justicia hondureño sigue encarcelado y criminalizado a las y los defensores de los bienes comunes.
Hacemos un llamado a organismos de derechos humanos a acuerpar al COPINH ya que el martes 20 de octubre se celebrará la audiencia correspondiente a este caso.
Actividad Periodista, jefa de redacción de Radio La Costeñísima
HECHOS – Kalúa Yakari Salazar, periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima ha sido denunciada por calumnias por trabajadoras del Estado de Nicaragua. La acusación se presentó días después de que Radio La Costeñísima hiciera público un reportaje donde un ciudadano acusa a las funcionarias de participar en actos de corrupción que implicaron el robo de fondos públicos en la municipalidad.
El 12 de agosto, Kalúa recibió una citatoria para presentarse ante los juzgados de Bluefields por una denuncia interpuesta por tres trabajadoras de la municipalidad de El Rama, en control del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Antes de ser notificada por las autoridades correspondientes, Salazar denunció que recibió burlas y señalamientos del periodista bluefileño Erwin Espinoza, quien ya contaba con información sobre la acusación. La cédula de notificación también circuló en redes sociales antes de que la periodista la recibiera. A pesar de la arbitrariedad en la acusación y la denuncia de asociaciones nacionales e internacionales de periodistas, la audiencia inicial se llevó a cabo el 14 de agosto.
El 17 de agosto David Quintana, otro periodista independiente, recibió una acusación similar por injurias y calumnias de parte de un camarógrafo que trabaja para un medio de comunicación del gobierno de Nicaragua. Hasta ahora, David tampoco había sido notificado de la denuncia, pero el juez está dando trámite al juicio.
La apertura de un proceso en contra de Kalúa Salazar es un patrón de criminalización usada por el Estado desde 2018 para silenciar a la prensa independiente. En Bluefields, el anterior jefe de prensa de la radio, Sergio León, también enfrentó una acusación por Calumnias antes de su deceso este año. Radio La Costeñísima se mantiene como uno de los pocos medios de comunicación independientes en el Caribe nicaragüense, enfrentando hostigamientos, señalamientos y campañas de desprestigio permanentes.
Desde la IM-Defensoras hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a tomar nota de la situación de Kalúa Salazar y a los medios de comunicación independientes en Nicaragua y la región a darle seguimiento a su caso. También llamamos a los Estados miembros de instancias internacionales a tomar acciones urgentes de señalamiento al Estado nicaragüense para el respeto a la libertad de expresión y la protección de los derechos de quieres la llevan a cabo. Un país sin libertad de prensa es un país sin derechos humanos.
Los ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos se duplicaron en el 2017-2018 con respecto al 2015-2016.
Los datos provienen del sistema de registro de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, hasta hoy el único que registra agresiones contra defensoras de derechos humanos en la región.
Datos preliminares del informe de agresiones de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos humanos indican que los ataques contra mujeres defensoras no sólo se han duplicado entre 2015 y 2018, sino que este aumento progresivo de violencia parece determinar una tendencia.
Dicho estudio reveló que, sólo entre 2017 y 2018, se produjeron al menos 3305 agresiones contra mujeres defensoras por parte de múltiples actores, siendo los Estados los principales agresores: Funcionarios de los Estados mesoamericanos perpetran 7 de cada 10 ataques contra defensoras. Además, 1 de cada 4 agresiones ha ocurrido contra grupos de defensoras en movilizaciones en defensa de derechos, protesta y resistencia.
Nicaragua
Ser defensora: vivir otras violencias
Los datos revelan además que 3 de cada 5 defensoras han sido agredidas repetidamente; ellas viven agresiones por ser mujeres y por ser defensoras. Son víctimas de descalificación, violencia sexual, violencia por parte de la pareja u otros miembros de su familia, violencia por alterar el orden social establecido (familia, valores tradicionales), revictimización, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, asesinato, intimidación, hostigamiento psicológico, calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio.
De todas las defensoras agredidas, 275 tenían medidas cautelares, lo cual significa que los Estados no han cumplido con su obligación de garantizarles protección efectiva. Muchas de ellas no pudieron continuar su lucha: Sólo entre 2017 y 2018, 65 defensoras fueron asesinadas y 27 sufrieron intentos de asesinato.
Honduras
Criminalizadas por defender derechos
Por primera vez, estos datos preliminares del informe de agresiones contienen información de criminalización a defensoras, usando como referencia la definición de CIDH en lo referente a criminalización de defensa de derechos “[…] la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”.
Descubrimos que 1 de cada 10 defensoras agredidas fue criminalizada. El 40% de estas defensoras criminalizadas tiene entre 26 y 35 años. La mayoría de los actores de criminalización eran autoridades provinciales, estatales y departamentales; seguidos de policías, empresas, militares y otros.
México
Las redes salvan
El informe señaló que las defensoras que defienden la tierra y territorios, la verdad, la justicia y la reparación y el derecho a defender derechos han sufrido las mayores agresiones. Los ataques contra la integridad física y mental, y su reputación, son las agresiones más frecuentes.
La investigación señala que la tendencia a agredir a grupos (colectivos) de defensoras y organizaciones está vinculada a la represión de la libertad de protesta cívica y, en este contexto, las agredidas son usualmente defensoras jóvenes. En respuesta, reiteramos que necesitamos seguir trabajando en la protección desde las redes y desde los colectivos.
