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[Alerta Urgente] MÉXICO / ACTUALIZACIÓN: Condenan a 11 años y 3 meses de prisión a la defensora amuzga Kenia Hernández, presa desde octubre de 2020 por ejercer su derecho a la protesta.

La defensora Kenia Hernández continúa enfrentando procesos de criminalización por la supuesta comisión de delitos de “ataques a las vías de comunicación en pandilla” y “robo con violencia con uso de arma”, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses.

En febrero de este mismo año el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, había condenado a la defensora a 10 años y seis meses de prisión y 21 mil pesos de multa por el mismo delito de “robo con violencia” en contra de Concesionarias Mexiquenses S.A. de C.V.  Y días antes, el 5 de febrero, este tribunal la había declarado culpable.

Kenia Hernández ha sido condenada en dos de los casos a 11 años y 3 meses, y a 10 años y seis meses de cárcel, respectivamente. Ambas sentencias se encontraban en fase de apelación, sin embargo el pasado 10 de junio de 2022, la defensora recibió la resolución de apelación por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México quién modificó la sentencia de la defensora de 10 años y 6 meses a una pena de 11 años y 3 meses por el supuesto delito de robo con violencia (moral).

Esta condena está relacionada con una de las 7 causas penales, cinco de ámbito federal y dos del fuero común, en el Estado de México, que se han abierto en su contra desde junio de 2020. Recientemente, a finales de 2021, la defensora mantuvo durante 61 días una huelga de hambre para denunciar el hostigamiento judicial del que estaba siendo objeto por parte de “Empresas y Caminos y Puentes Federales”. 

La defensora, que desde octubre de 2020 permanece privada de libertad y que actualmente se encuentra en el Centro Femenil de Alta Seguridad número 16, en el Estado de Morelos, está siendo criminalizada por ejercer su derecho a la protesta y a la defensa de los derechos humanos.

Kenia es una abogada, feminista y defensora indígena amuzga que ha participado en distintas luchas y movimientos sociales del Estado de Guerrero. Es integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y oficial de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, ProDESC, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la IM-Defensoras denunciamos la arbitrariedad de esta condena y exigimos la inmediata libertad de Kenia Hernández y el cese del hostigamiento judicial y criminalización que está viviendo. 

Llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con la defensora, a mantenerse al pendiente del desarrollo de los distintos procesos judiciales injustamente abiertos en su contra y a demandar su libertad.

 

 

[Alerta Urgente] EL SALVADOR / Inclusión de la figura del “agente encubierto digital” en el Código Procesal Penal supone grave amenaza para las defensoras de derechos humanos.

El martes 1 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Código Procesal Penal que supone una grave amenaza para las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos en el país. Esta reforma, que fue promovida por el partido de gobierno, Nuevas Ideas, crea la figura del “agente encubierto digital”, a través de la cual se busca legitimar las prácticas de espionaje con el fin de incorporar evidencias de naturaleza digital en los procesos penales. También incorpora modificaciones al artículo 25 de la “Ley contra Delitos Informáticos y Conexos” que podrían propiciar la criminalización de periodistas con base en las fuentes de información que usan. 

Ello sucede poco después de que organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaran que el gobierno salvadoreño ha usado el Programa Pegasus para espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos a través de la intervención de sus dispositivos telefónicos. 

Esta situación es especialmente preocupante con relación a periodistas y defensoras de derechos humanos mujeres o con identidades sexo-genéricas disidentes. En un contexto como el salvadoreño, marcado por la misoginia y los discursos de odio, es evidente que la vulneración de la privacidad y la intimidad implica un mayor riesgo y exposición para todas ellas. Solo durante el último año, la Red Salvadoreña de Defensoras ha emitido 6 alertas relacionadas con violencia digital contra defensoras de derechos humanos. En éstas se denuncian actos de intimidación y estigmatización, incitación a crímenes de odio y amenazas de muerte contra mujeres trans y colectivas feministas, quienes también han sido objeto de ciberacoso y uso de datos extraídos de cuentas personales, incluyendo ataques dirigidos contra integrantes de la propia Red Salvadoreña de Defensoras. 

En septiembre de 2021, diversas redes y organizaciones internacionales de derechos humanos ya advertimos sobre el alarmante deterioro de los derechos humanos en El Salvador, expresado a través de la consolidación del autoritarismo. Con los precedentes ya conocidos de vigilancia ilegal y criminalización, esta iniciativa legislativa, al igual que el proyecto de ley de agentes extranjeros o el archivo de la “Ley para para el reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, agrava el clima de hostilidad y riesgo que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país, constituyendo una grave amenaza para su seguridad e integridad personal, así como para el efectivo ejercicio de su derecho a defender derechos. 

Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras denunciamos que el actual gobierno utiliza una narrativa de “mano dura” contra la violencia y la corrupción mientras instrumentaliza las instituciones públicas para favorecer intereses políticos y económicos particulares y silenciar a las voces críticas, perpetuando las violencias y las desigualdades históricas que caracterizan al país y obstaculizando la labor de quienes trabajan para revertirlas. 

Demandamos al Estado salvadoreño la derogación inmediata de estas reformas, que atentan contra derechos fundamentales de la población, y que desista de cualquier otra acción orientada a fiscalizar y criminalizar la labor periodística y la defensa de los derechos humanos.

Llamamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación en El Salvador, a solidarizarse y acuerpar a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que día tras día trabajan por un país más justo e igualitario.

¿Marzo, el mes más peligroso para las defensoras?

  • Sólo en marzo de 2021, la IM-Defensoras registró 282 ataques contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.

Según datos preliminares del registro de agresiones contra defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), durante el mes de marzo de 2021 se produjeron al menos 282 ataques contra defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Confirmando la tendencia que ya habíamos registrado para este mismo mes en años anteriores, esto supone un aumento exponencial de las agresiones respecto a los meses precedentes que presenta su mayor repunte en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando las mujeres y feministas salimos un año más a las calles de manera masiva para dar visibilidad a nuestra fuerza colectiva y nuestras demandas.

Este aumento de la violencia que enfrentan las defensoras mesoamericanas se da en un contexto de creciente estigmatización y criminalizacion del movimiento feminista y de mujeres en toda la región. Son una constante en todos los países la represión de las protestas de las mujeres que reivindican sus derechos o exigen justicia ante las violencias machistas, la propagación del discurso de odio por parte de grupos antiderechos, las campañas de descrédito y ciberacoso en redes sociales, así como la criminalización de la protesta social y de la denuncia de casos de violencia y agresiones sexuales. 

En El Salvador, 20 de las 25 agresiones registradas durante el mes fueron en el marco del 8 de marzo. La celebración el 10 y 11 de marzo de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Manuela, una joven mujer que murió en prisión tras ser criminalizada y condenada a 30 años de cárcel luego de sufrir una emergencia obstétrica, también generó una campaña de ataques difamatorios contra las defensoras salvadoreñas de los derechos sexuales y reproductivos y las organizaciones acompañantes del caso.

En Guatemala, la estigmatización y el discurso de odio contra el movimiento feminista también se exacerbaron en el marco del 8 de marzo. Para la IM-Defensoras, especialmente graves fueron los ataques contra defensoras del derecho a la verdad, reparación y justicia madres de víctimas de la masacre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrida el 8 de marzo de 2017 y cuyo proceso judicial está siendo reactivado. 

En Honduras, destacan la creación ad hoc de organizaciones antiderechos con el objetivo de boicotear el 8 de marzo, así como los ataques sufridos por organizaciones feministas como la Plataforma Somos Muchas o el Foro de Mujeres por la Vida. Estos ataques coincidien con la aprobación de unas propuestas legislativas del gobierno que, de manera ilegal y con carácter supuestamente constitucional, pretenden imposibilitar la despenalización del aborto y la aprobación del matrimonio igualitario. Otro dato relevante es la continuidad de las agresiones contra las defensoras del territorio.

En México, las agresiones contra las defensoras se triplicaron en marzo respecto a enero y febrero, llegando a registrarse un total de 84. Represión de la protesta, difamación, limitaciones al derecho a informar, detenciones arbitrarias y violencia digital fueron algunas de las principales agresiones registradas. Las agresiones a las manifestaciones se produjeron en distintos lugares de la república y por parte de diferentes fuerzas de seguridad de orden local y estatal. Ello se da en un contexto de estigmatización y criminalización del movimiento feminista por parte de autoridades y grupos antiderechos. 

En Nicaragua, durante marzo de 2021 la IM-Defensoras registró 156 ataques contra defensoras, de ellos al menos 16 en el marco del 8 de marzo. Hostigamientos, asedios, restricciones a la libertad de movimiento, entre otras agresiones mayoritariamente perpetradas por la Policía que forman parte de una estrategia del Gobierno para silenciar a las voces críticas en el marco de la grave crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril 2018.

Los datos presentados tienen carácter preliminar y forman parte del sistema de Registro de la IM-Defensoras, el cual documenta las agresiones contra defensoras de derechos humanos en El Salvador; Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. 

 

Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras: “Logramos el sobreseimiento definitivo para la defensora de la tierra y territorio Lilian Borjas”

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras – Este 12 de marzo, tras 8 años de que nuestra compañera Lilian Borjas, mujer campesina, líder comunitaria, defensora de la tierra y el territorio enfrentara un largo proceso judicialización plagado de irregularidades e inconsistencias, el Juzgado de Sentencia de El Progreso, Yoro, dictaminó sobreseimiento definitivo para ella por el delito de usurpación.

Lilian, quién es integrante de la CNTC del Progreso, organización miembra de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, emprendió junto a once compañeros del grupo campesino “Triunfo de la Bolsa”, una fuerte lucha por sus territorios que fueron concedidos por el Estado de Honduras de manera irregular a una familia privilegiada de la zona.

Desde entonces fue perseguida, amenazada, agredida, criminalizada y judicializada arbitrariamente por la defensa de las tierras que habitaba y trabajaba en la comunidad de El Rodeo, en El Negrito,Yoro.

El proceso de judicialización estuvo plagado de los vicios acostumbrados en este país por quienes son responsables de impartir justicia y se coluden con terratenientes alargando los procesos y ejerciendo graves violaciones a los derechos humanos de campesinos y campesinas.

Para el caso, a Lilian y sus compañeros se les dictó medidas sustitutivas durante ocho años, por un delito cuya pena máxima es de cuatro según el Art. 227 del Código Penal y mediante una medida cautelar impuesta de manera negligente e ilegal, fueron obligados a movilizarse desde sus comunidades hacia los juzgados a firmar cada 15 días durante los ocho años del proceso. Así mismo, la audiencia preliminar, la audiencia inicial y el juicio fueron suspendidos y reprogramados más de 12 veces en sus distintas etapas.

Desde el año 2015 la Red Nacional de Defensoras acuerpó a Lilian brindándole acompañamiento jurídico y apoyo emocional. Durante estos 6 años denunciamos las agresiones de las que fue víctima y desde distintas plataformas exigimos al Estado el cese de la política de odio, persecución y criminalización de nuestra compañera.

Hoy, entre la felicidad que nos regala el saberla libre de este proceso, denunciamos nuevamente que el Estado de Honduras somete a defensoras y defensores que luchan por su derecho legítimo a la tierra a procesos inhumanos y desgastantes que les mantienen en permanente zozobra, mientras los que roban, asesinan y se aprovechan del pueblo continúan haciéndolo en libertad y viven sus vidas en total impunidad.

¡Defender la tierra no es un delito, es un derecho!

[Alerta Defensoras] MÉXICO / Medios de comunicación difaman a defensoras de Puebla después de marcha 8M; Estado las criminaliza

Foto: Daniel Chazari

Defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos

Actividad
Derechos sexuales y reproductivos

El 9 de marzo, medios de comunicación nacionales y locales publicaron materiales señalando a las compañeras Zavine. M. y Cinthya. R. como responsables de disturbios y violencia ocurridos en el marco del 8 de marzo en Puebla, acusándolas de infiltradas.

Dichos señalamientos hacen referencia a declaraciones de representantes de REDefine Puebla, uno de los capítulos estatales de la red de jóvenes activistas por los derechos sexuales y reproductivos de la organización Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. 

Las publicaciones señalan a ambas compañeras defensoras como trabajadoras públicas del Estado, ambas ostentan cargos honorarios en consejos de participación ciudadana, pero ningún vínculo laboral con el Ayuntamiento de Puebla.

En diciembre de 2020, Cinthya R, como vocera de REDefine Puebla, formó parte de las mesas de trabajo y negociaciones con diputados del estado para la firma de acuerdos. Desde entonces se denunciaron los actos de intimidación y señalamientos hacia las colectivas, lo cual es un antecedente importante y patrón de violencia.

Zavine M y Cinthya R participaron en actividades del 8 de marzo de 2021 sin formar parte de los disturbios ocurridos en el marco de las protestas.

Exigimos el cese de los actos de difamación y criminalización a las defensoras de derechos humanos en Puebla y en todo el país. Demandamos a los medios de comunicación que publicaron señalamientos contra las defensoras que brinden el derecho a la réplica a las compañeras, para poder contar los hechos con objetividad. Exigimos al Estado de Puebla protección a las compañeras señaladas y una investigación para quienes cometen actos de difamación y criminalización contra las defensoras de derechos humanos.