La defensora Ana Cristina Barahona, fue detenida el 13 de abril de 2020, por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, cuando se dirigía a conseguir un medicamento para su hijo de 3 años hospitalizado con bronquitis. En el momento de la detención, Ana Cristina no portaba sus documentos, teléfono o medicamento para tratar su condición de diabética.
Ella fue trasladada a un centro de detención con condiciones insalubres. Se reportan más de 30 mujeres detenidas sólo en ese albergue en situaciones similares, aún cuando tenían justificación de compras para transitar. Ahora sus hijos e hijas se encuentran sin el cuidado de sus madres.
Las autoridades indicaron a la defensora que sólo la retendrían una hora mientras le hacían la prueba del Covid-19, pero no fue así: la llevaron al centro de contención ubicado en el polideportivo de Ciudad Merliot. Estando ahí, le dijeron que no saldrían sino hasta cumplir 30 días de cuarentena. Hasta el momento no les han proporcionado mascarillas, alcohol gel ni acceso al medicamento para la diabetes que Ana Cristina necesita con urgencia.
Ana Cristina Barahona, es una defensora de Derechos Humanos y trabajadora sexual que pertenece a la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, la Organización de Trabajadoras Sexuales de El Salvador y a la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
Exigimos al Estado Salvadoreño, concretamente al ISDEMU, a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos, que verifiquen urgentemente cómo fue detenida la defensora Ana Cristina Barahona y las mujeres que guardan cuarentena en este centro, que tomen en cuenta las condiciones individuales de cada una y valoren la posibilidad de que guarden cuarentena domiciliar.
Demandamos que se investigue la forma en que han detenido a Ana Cristina y el resto de mujeres que se encuentran en este centro de contención, la actuación de la Policía Nacional Civil y de la FAES en el marco de la aplicación de las medidas para enfrentar el COVID-19. Recordamos al Estado salvadoreño que el enfoque que debe primar es el de derechos humanos y garantías constitucionales.
Recordamos al Estado que el lineamiento de la PNC de eximir de detención sólo a mujeres embarazadas, adultos mayores y niñez debe ampliarse también a las mujeres en cualquier condición. El trabajo de defensa y protección comunitaria que en situaciones de crisis es usualmente es liderado por mujeres, en especial por las las defensoras de derechos humanos.
