Este 28 de noviembre tendrá lugar en Honduras un nuevo proceso electoral a través del cual el actual partido gobernante, con demostrados vínculos con el nárcotráfico y un largo historial de violaciones a derechos humanos pretende perpetuar su poder emanado del golpe de Estado de 2009. 

Honduras se reconoce internacionalmente como un Estado democrático con un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero en realidad es un gobierno autoritario que reprime de forma sistemática la protesta social; como ya ocurrió en las elecciones del 2017, en las que se documentaron al menos 23 homicidios y 25 casos probados de tortura que aún continúan impunes.

En Honduras el gobierno usa los poderes del Estado para proteger intereses privados y saquear las arcas públicas, ignora las recomendaciones de la ONU e incumple las resoluciones de la Corte Interamericana, como lo es el caso de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta piedra en territorio garífuna.

Por ello el 70% de la población se halla en situación de pobreza, cada 29 horas tiene lugar un feminicidio y los pueblos y comunidades en lucha, así como las que se organizan en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) o la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) enfrentan décadas de despojo, asesinatos, desapariciones forzadas, persecución y represión.

Esta violencia continua y sin tregua se explica por el acelerado proceso de privatización, saqueo y despojo de los territorios que ha llegado a su máxima expresión a través de las ZEDEs, un proyecto sin precedentes en el continente que pretende legalizar la apropiación ilegítima del territorio y sus recursos. Sujetas a un “régimen especial”, las ZEDEs tienen la facultad de crear su propio régimen fiscal, su propia policía y de obligar a las personas que habitan en su demarcación a firmar “acuerdos de convivencia”. Por ello cada día más comunidades en asambleas o sesiones de cabildo abierto se están declarando zonas libres de ZEDEs.

Defensoras asesinadas, amenazadas y difamadas

En este contexto, las defensoras de derechos humanos son criminalizadas, amenazadas, difamadas con misoginia, agredidas sexualmente y asesinadas con total impunidad, como fue el caso de Berta Cáceres en 2016 o, hace tan sólo unos días, de Celenia Bonilla y su esposo Nelson García, dirigentes de la Empresa Campesina “Hombres y mujeres de fé”, parte de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), cuyo asesinato viene precedido de años de amenazas y persecución. 

Según datos del Equipo Regional de Registro de la IM-Defensoras en su informe “Tendencia en defensoras de tierra, territorio y justicia”, desde 2016 al menos 8 defensoras del territorio han sido asesinadas en Honduras, 35 han sufrido intentos de asesinato y han enfrentado un total de 1088 agresiones. 

Ante esta situación la Red Nacional de Defensoras de Honduras y todas las redes y articulaciones que integramos la IM-Defensoras, lanzamos un llamado a estar vigilantes de la situación en Honduras en el contexto electoral, apoyar y amplificar los llamados de las defensoras de derechos humanos y sus comunidades y a exigir a la  comunidad internacional para que deje de avalar las graves violaciones a derechos humanos del gobierno actual.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O CONCERTAR ENTREVISTAS CON VOCERAS DE LA RED NACIONAL DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS CNTACTAR CON:

Eloina Narvaez
eloina.narvaez@im-defensoras.org