[Alerta Defensoras] NICARAGUA / Detienen ilegalmente, criminalizan y encarcelan por segunda vez a activista de Masaya.

enero 28, 2021

Julia Christina Hernández Arévalo

Actividad
Derechos sociales y políticos

HECHOS –  Julia Hernández ha sido criminalizada y permanece privada de libertad desde el 7 de enero acusada de delitos que no ha cometido. Ese día policías antimotines ingresaron ilegalmente a su domicilio en Masaya acompañados de perros, supuestamente en busca de armas y drogas y, pese a no encontrarse indicios delictivos, se llevaron detenido a su esposo, Eduardo José Morales Gadea, e incautaron los celulares y los documentos de identidad de ambos. A continuación obligaron a Julia a acompañarlos a otra propiedad familiar que está en construcción, ubicada también en Masaya, procediendo al allanamiento ilegal y revisión de la misma, donde tampoco encontraron nada, según testimonio de personas del vecindario. 

Después de eso Julia ya no regresó a su hogar y hasta quince días después, el 22 de enero, cuando le permitieron llamar a su familia, se supo que había sido trasladada al centro penitenciario para mujeres “La Esperanza”. Julia fue acusada junto a su esposo de la supuesta comisión de delitos de “tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos” y hasta la fecha se desconoce el paradero del esposo. 

Desde el estallido de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018, Julia Hernádez ha tenido un papel muy activo en las protestas contra el gobierno llevadas a cabo en Masaya. Como consecuencia de ello, en noviembre de 2019 estuvo ilegalmente detenida durante nueve días sin que se levantasen cargos en su contra. 

La detención y criminalización de Julia Hernández parece seguir un patrón de persecución  similar al aplicado contra otras personas presas políticas en Nicaragua, a quienes se imputa cargos delictivos fabricados relacionados con narcotráfico y uso de armas, para aplicarles condenas elevadas a manera de escarmiento y con el objetivo de generar miedo entre la población y desincentivar las protestas contra el gobierno. Es el caso, por ejemplo, de la también presa política María Esperanza Sánchez

Julia padece diabetes y, según ha podido saber su familia, no se le está suministrando la medicación que requiere. Ante los precedentes de malos tratos y torturas, incluidas las torturas de carácter sexual, denunciados por otras personas presas políticas, resulta preocupante que hasta la fecha la familia de Julia Hernández no haya podido verla y constatar su estado. A ello cabe añadir que la familia tampoco ha tenido acceso a información sobre el paradero y la situación de Eduardo José Morales, esposo de Julia.

Asimismo, es importante destacar que Julia tiene personas dependientes a su cargo, un hijo de nueve años y a su madre, quien es una persona adulta mayor y con discapacidad.

Desde la IM-Defensoras denunciamos la detención ilegal, la violación de las garantías procesales y la criminalización de de Julia Hernández, haciendo responsable al Gobierno de Nicaragua de cualquier vulneración a su integridad física y psicológica. 

Julia Hernández no ha cometido ningún delito y debe ser liberada y regresar a casa de inmediato. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice y se mantenga al pendiente de su situación, uniéndose a la exigencia de libertad para ella y para el resto de personas presas políticas que permanecen injustamente privadas de libertad en Nicaragua.