El lunes 23 de mayo, la CIDH emitió un comunicado público anunciando la suspensión de las visitas y los Períodos de Sesiones previstos para julio y octubre de este año debido a la extrema crisis financiara que atraviesa. También informó que el 31 de julio vencen los contratos del 40% de su personal y no cuenta con fondos para renovarlos.
Dicha crisis viene producida por el cambio en las prioridades de asistencia internacional de los estados europeos (principales financiadores hasta la fecha) y la omisión por parte de muchos Estados integrantes de la OEA. En 2015, los países latinoamericanos y caribeños donaron 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI) -donde no hay en trámite ningún caso de la región-, pero solo destinaron 199.000 dólares para la CIDH.
Esta situacion es gravísima pues supone poner en riesgo inminente a miles de mujeres defensoras de DDHH en la región mesoamericana, tanto a las muchas que ya cuentan con medidas cautelares o con procedimientos iniciados ante la Comisión, como a las muchísimas otras más que pueden perder uno de los instrumentos que hasta la fecha se ha demostrado como más efectivo para protegerlas obligando a los Estados a garantizar su seguridad, a salvaguardar su derecho a defender derechos y a velar porque los ataques recibidos no queden en la impunidad.
Como ha escrito James Cavallaro, presidente de la CIDH:
“Pero la CIDH no puede parar. Tenemos que seguir atentos a la investigación del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, y de tantos y tantas otras defensoras asesinadas, y tenemos que proteger a los defensores que viven amenazados y hostigados y criminalizados. (…) Nuestro compromiso con nuestro mandato sigue firme”.
Desde la IM-Defensoras manifestamos nuestra preocupación ante tan grave situación y nos unimos al llamado urgente de la CIDH a los Estados miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros para que la Comisión pueda seguir desarrollando su indispensable labor.
