#AlertaDefensoras NICARAGUA / Niegan acceso a medicamentos y atención médica a activista y presa política Esperanza Sánchez

María Esperanza Sánchez García

Organización
Movimiento Cívico 19 de Abril – Matagalpa

Actividad
Derechos sociales y políticos

Agresiones
Criminalización, privación de libertad, negación de acceso a medicamentos y atención médica

HECHOS – El martes 24 de marzo, la activista y presa política María Esperanza Sánchez sufrió un ataque de asma y una crisis de presión alta mientras se encontraba recluida en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. A la activista se le ha negado reiteradamente el derecho a recibir atención adecuada y medicamentos, además de cualquier tipo de protección o medidas de seguridad frente a la pandemia Covid-19, siendo ella una paciente de alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de un contagio. Por presión de las otras reclusas, la activista fue llevada a valoración y diagnosticada con bronquitis. 

Según denuncia su familia, desde el momento de su detención en enero de este año, María Esperanza ha sido objeto reiterado de torturas, trato cruel e inhumano con el objetivo de forzarla a aceptar los delitos de tráfico de drogas que se le imputan.

La activista padece hipertensión arterial y asma cardíaca,  así como problemas de coagulación debido a una trombosis coronaria que sufrió hace años, por lo que las torturas y las inhumanas condiciones de privación de libertad que enfrenta hacen temer por su estado de salud, la cual ha empeorado en los últimos días.

Ella había participado del activismo cívico desde abril de 2018, cuando estalló la crisis socio-política que sigue vigente en el país. Fue parte del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y más tarde del Movimiento Cívico 19 de Abril – Matagalpa y de la Unidad Azul y Blanco (UNAB).

La policía pretende imputarle cargos por tráfico de drogas que ella niega. Según han advertido varias organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, esta parece haberse consolidado como una estrategia del Estado para criminalizar a personas activistas, encarcelarlas y negar su condición de presas políticas.

Desde la IM-Defensoras denunciamos la negación al derecho a la salud, exigimos el cese inmediato de los actos de tortura y trato cruel e inhumano contra María Esperanza y hacemos responsable al Estado nicaragüense de su vida e integridad física, psicológica y emocional. 

Asimismo, exigimos su liberación y el del resto de personas políticas que siguen privadas de libertad en Nicaragua.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga alerta sobre lo que sucede en Nicaragua, donde la crisis iniciada en abril de 2018 persiste mientras el Gobierno sigue vulnerando los derechos fundamentales de la población y exponiendo a activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a un contexto de amenazas, hostigamiento, ataques y limitaciones al ejercicio de su labor.

#AlertaDefensoras NICARAGUA / Ex-presa política denuncia asedio y allanamiento de su casa por parte de la policía

Neyma Hernández

Actividad
Activista, ex-carcelada política

Agresión sufrida
Asedio policial y allanamiento de su casa

Neyma Hernández, ex-carcelada política, denuncia allanamiento arbitrario de su casa y asedio desde hace cuatro días. La activista denuncia que varias patrullas siguen frente a su viviendo, impidiendo su salida y la de su familia incluyendo sus hermanos menores, quienes no pudieron asistir a la escuela hoy.

Hace unas horas, la policía entró a la casa, allanó la vivienda, agredió verbalmente a su mamá, hermanos y hermanas menores de edad. Neyma denunció en un video y reiteró que seguirá luchando por la libertad de Nicaragua.

Ella fue parte de la “Banda Aguadora”, un grupo de activistas que fue detenido y apresado al intentar dejar agua a madres y familiares de presas y presos políticos en huelga de hambre. Después de sufrir meses de complicaciones de salud en la cárcel, fue liberada junto con el resto del grupo en enero de este año.

Demandamos una vez más al gobierno de Nicaragua no sólo detenga el asedio contra activistas y defensoras, sino que asegure su protección inmediata.

Neyma Hernández
Neyma Hernández alerta

#AlertaDefensoras NICARAGUA / Policía hostiga y vigila el hogar de la abogada y defensora Yonarqui Martínez

Yonarqui Martínez García

Actividad
Abogada y defensora de los derechos humanos de las personas presas políticas

Agresiones
Vigilancia y hostigamiento

HECHOS – Desde las últimas horas de la tarde hasta las 4 am de la madrugada del domingo 9 de febrero, efectivos de la policía han estado realizando actos de vigilancia al exterior de la casa donde la abogada y defensora de los derechos humanos Yonarqui Martínez vive con sus hijos menores de edad.

Cabe recordar que, tal y como denunciamos a través de una #AlertaDefensoras, el pasado mes de noviembre unos sujetos dispararon contra su casa después de diversos actos de seguimiento y hostigamiento.

Yonarqui también fue una de las personas que durante el mes de diciembre mantuvieron una huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya en solidaridad con las madres y familiares de las personas presas políticas, como consecuencia de la cual su salud se vio seriamente afectada.

Yonarqui Martínez es una reconocida abogada que en el marco de la crisis socio-política y de derechos humanos que desde abril de 2018 sufre Nicaragua, ha destacado por su acompañamiento a personas presas políticas. Por este motivo ha venido siendo objeto reiterado de ataques de diversa índole, incluyendo criminalización, amenazas y detenciones arbitrarias además de los ya citados.

Durante los últimos meses parece haber una estrategia del Estado y grupos afines al gobierno orientada a hostigar, intimidar  y obstruir la labor de abogados y abogadas que acompañan a personas presas políticas y criminalizadas.

Desde la IM-Defensoras condenamos este nuevo ataque contra Yonarqui Martínez y su familia y hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier cosa que pudiera sucederles.

Asimismo exigimos que cese la campaña de odio y hostigamiento contra Yonarqui y el resto de abogados y abogadas garantizando su derecho a ejercer su profesión y la defensa de derechos humanos en condiciones de seguridad y con plena libertad.

 

NICARAGUA / Mayela Cruz: presa política, identidad negada, cuerpo vulnerado.

Foto: Movimiento Autónomo de Mújeres (MAM Nicaragua)

Por Pere Perelló
Artículo de opinión para el espacio “La Enredadera”

Mayela Cruz es una mujer transgénero de Yalagüina, un municipio ubicado en el norte del país. Ella fue una de las personas que lideraron las protestas contra el gobierno en su comunidad, Salamasí, en mayo de 2018.

El 10 de diciembre de 2019, un día después de haber participado en una protesta para exigir la libertad de un grupo de jóvenes detenidos mientras participaban en el velorio de un joven fallecido por una negligencia médica, varias patrullas de la policía llegaron a su casa y la detuvieron sin que existiera ninguna orden judicial que permitiera su captura. Desde entonces permanece encarcelada en las celdas preventivas del cuartel de policía de Somoto, a la espera de juicio por un supuesto delito de “obstrucción de funciones”.

Tras la excarcelación masiva del pasado 30 de diciembre, Mayela es la única mujer del grupo de 65 personas presas políticas que siguen privadas de libertad en Nicaragua.1

¿Por qué no ha sido ella ex-carcelada? Su condición de mujer transgénero podría ser una respuesta suficientemente verosímil y sencilla, pero a la que sin duda también cabe añadir otras causas menos evidentes que apuntan tanto a las intenciones del Gobierno como a hacer patentes los retos que medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales tenemos pendientes de cara a consolidar una dimensión más genuinamente colectiva y desprejuiciada de los activismos, más allá de carismas y liderazgos individuales.

Es posible que el perfil bajo de Mayela haya influido en el hecho que el gobierno no haya considerado necesario incluirla en lo que, lejos de ser un punto de inflexión en la estrategia de represión gubernamental -intensificada en los últimos meses-, no pretendía ser más que un acto de simulación ante la opinión pública. La criminalización, hostigamientos y violencias paramilitares y estatales que siguen enfrentando las presas políticas excarceladas, así como muchas otras activistas y defensoras de derechos humanos, son prueba fehaciente de la nula intención del Gobierno para retroceder en su estrategia para silenciar la disidencia.

El hecho es que Mayela sigue injustamente privada de libertad y enfrentando unas condiciones que muchas veces quedan invisibilizadas tras esa expresión que tan a menudo escuchamos y pronunciamos, “presas políticas”, sin detenernos a pensar de una forma más empática en su significado y en lo que más allá del adjetivo “políticas” permanece oculto tras el sustantivo “presas” o, más bien, “presa”, porque lo que le sucede a un cuerpo, le sucede estrictamente a éste, de una manera particular y dolorosamente intransferible, y lo marca de por vida.

Existen multitud de testimonios de las mujeres que han sido privadas de libertad en el marco de la crisis nicaragüense: nos hablan de condiciones precarias de hacinamiento, insalubridad e inhumanidad que se desprenden de un modelo de “impartición de justicia”, fundado en el castigo, y que comparten con el resto de “presas”, las llamadas -de manera tan desafortunada- “comunes”; además de ello, las presas políticas han enfrentado torturas, agresiones físicas y sexuales, así como la vulneración sistemática de derechos como el de las visitas familiares o el acceso a la atención médica, entre muchos otros ejemplos de tratos crueles e inhumanos.

En el caso de las presas trans, como Mayela, se añaden humillaciones y desprecio a su identidad de género, confinándolas en cárceles para hombres en un país donde no existe ningún ordenamiento jurídico que garantice los derechos de las comunidades LGBTTTIQ+.

A todo lo descrito es a lo que sigue expuesto el cuerpo de Mayela Cruz.

Exigir su libertad no sólo es una cuestión de justicia o de estrategia política para seguir desenmascarando a un gobierno represor y fraudulento que, amparado en una retórica falsamente revolucionaria, ha acabado por reproducir todo aquello contra lo que hace unas décadas se levantaron miles de nicaragüenses, en absoluta sintonía con los gobiernos corruptos y autoritarios de otro países de la región como Honduras, Guatemala, Colombia, Chile o Brasil.

Exigir su libertad es una cuestión de ética, de empatía con una mujer que vive una situación injusta, dolorosa e inhumana.

Acuerparla también significa tratar de sentir en nuestros propios cuerpos aquello que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, ella vive en su cuerpo confinado tras unas rejas, entre cuatro paredes, expuesta a humillaciones y a la negación de aquello que ella ha decidido ser, bajo el clima, tan tropical como opresivo, de una Nicaragua que ha dejado de ser el símbolo de esperanza que un día fue para muchas personas en todo el mundo para convertirse en una pesadilla, en una decepción de magnitud imperdonable.

1 No obstante, existen evidencias de que también la joven Katherin Martínez podría ser considerada presa política. Katherine es una joven de 18 años que cursaba tercer grado de secundaria y trabajaba como niñera. Ella fue una de las muchas personas que en abril de 2018, al estallar la crisis política, acudió a apoyar las protestas del movimiento estudiantil en Managua, llevando comida y agua a los plantones. El 20 de noviembre de 2019, la policía irrumpió en su casa buscando a las personas responsables de una explosión en el sector Américas 3 de Managua y se la llevaron detenida junto a su novio bajo la acusación de traficar con estupefacientes. Dicha acusación se basa en las supuestas sustancias que la policía afirma haber encontardo durante el registro de la casa. Tras pasar una semana en el El Chipote, Katherine fue trasladada al penal de mujeres La Esperanza, donde todavía hoy permanece privada de libertad.