#AlertaDefensoras NICARAGUA / Niegan acceso a medicamentos y atención médica a activista y presa política Esperanza Sánchez

María Esperanza Sánchez García

Organización
Movimiento Cívico 19 de Abril – Matagalpa

Actividad
Derechos sociales y políticos

Agresiones
Criminalización, privación de libertad, negación de acceso a medicamentos y atención médica

HECHOS – El martes 24 de marzo, la activista y presa política María Esperanza Sánchez sufrió un ataque de asma y una crisis de presión alta mientras se encontraba recluida en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. A la activista se le ha negado reiteradamente el derecho a recibir atención adecuada y medicamentos, además de cualquier tipo de protección o medidas de seguridad frente a la pandemia Covid-19, siendo ella una paciente de alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de un contagio. Por presión de las otras reclusas, la activista fue llevada a valoración y diagnosticada con bronquitis. 

Según denuncia su familia, desde el momento de su detención en enero de este año, María Esperanza ha sido objeto reiterado de torturas, trato cruel e inhumano con el objetivo de forzarla a aceptar los delitos de tráfico de drogas que se le imputan.

La activista padece hipertensión arterial y asma cardíaca,  así como problemas de coagulación debido a una trombosis coronaria que sufrió hace años, por lo que las torturas y las inhumanas condiciones de privación de libertad que enfrenta hacen temer por su estado de salud, la cual ha empeorado en los últimos días.

Ella había participado del activismo cívico desde abril de 2018, cuando estalló la crisis socio-política que sigue vigente en el país. Fue parte del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y más tarde del Movimiento Cívico 19 de Abril – Matagalpa y de la Unidad Azul y Blanco (UNAB).

La policía pretende imputarle cargos por tráfico de drogas que ella niega. Según han advertido varias organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, esta parece haberse consolidado como una estrategia del Estado para criminalizar a personas activistas, encarcelarlas y negar su condición de presas políticas.

Desde la IM-Defensoras denunciamos la negación al derecho a la salud, exigimos el cese inmediato de los actos de tortura y trato cruel e inhumano contra María Esperanza y hacemos responsable al Estado nicaragüense de su vida e integridad física, psicológica y emocional. 

Asimismo, exigimos su liberación y el del resto de personas políticas que siguen privadas de libertad en Nicaragua.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga alerta sobre lo que sucede en Nicaragua, donde la crisis iniciada en abril de 2018 persiste mientras el Gobierno sigue vulnerando los derechos fundamentales de la población y exponiendo a activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a un contexto de amenazas, hostigamiento, ataques y limitaciones al ejercicio de su labor.

#AlertaDefensoras NICARAGUA / Ex-presa política denuncia asedio y allanamiento de su casa por parte de la policía

Neyma Hernández

Actividad
Activista, ex-carcelada política

Agresión sufrida
Asedio policial y allanamiento de su casa

Neyma Hernández, ex-carcelada política, denuncia allanamiento arbitrario de su casa y asedio desde hace cuatro días. La activista denuncia que varias patrullas siguen frente a su viviendo, impidiendo su salida y la de su familia incluyendo sus hermanos menores, quienes no pudieron asistir a la escuela hoy.

Hace unas horas, la policía entró a la casa, allanó la vivienda, agredió verbalmente a su mamá, hermanos y hermanas menores de edad. Neyma denunció en un video y reiteró que seguirá luchando por la libertad de Nicaragua.

Ella fue parte de la “Banda Aguadora”, un grupo de activistas que fue detenido y apresado al intentar dejar agua a madres y familiares de presas y presos políticos en huelga de hambre. Después de sufrir meses de complicaciones de salud en la cárcel, fue liberada junto con el resto del grupo en enero de este año.

Demandamos una vez más al gobierno de Nicaragua no sólo detenga el asedio contra activistas y defensoras, sino que asegure su protección inmediata.

Neyma Hernández
Neyma Hernández alerta

#AlertaDefensoras NICARAGUA / Policías, paramilitares e instituciones del Estado amenazan, hostigan y vulneran derechos de Tania Muñoz, presa política excarcelada

Tania Verónica Muñoz Pavón

Organización
Presa política excarcelada

Actividad
Defensa del derecho a la protesta

Agresiones
Amenazas, hostigamiento, criminalización

HECHOS – La presa política excarcelada Tania Muñoz ha denunciado que desde hace 7 meses está viviendo hostigamiento por parte de policías y paramilitares, los cuales llevan a cabo acciones de vigilancia frente a su casa y frente a la casa de su esposo, donde vive su hija, quien se encuentra embarazada. Esta situación se ha agravado en los últimos días, a través de una serie de agresiones de diferente índole.

El jueves 16 de enero, mientras estaba siendo entrevistada en su casa por el periodista Noel Miranda, del medio Artículo 66, integrantes del Consejos del Poder Ciudadano (CPC) del barrio llamaron a la policía, la cual trató de llevarse preso al periodista. En la tarde de ese mismo día, una integrante del CPC la amenazó con mandarla a golpear e interponer una denuncia contra ella y provocar su retorno a la cárcel, acusando en falso a tania de “estarla chifleteando” y hostigando.

El día siguiente, viernes 17 de enero, empleados de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal) sin dar explicaciones cortaron  el servicio de agua a la vivienda de Tania Muñoz, ello pese a que su hermano había realizado acuerdo de pago, ya que desde el año pasado los recibos estaban saliendo alterados. Según Tania, esta acción es una represalia por su activismo y las denuncias que ha realizado por el hostigamiento y vigilancia que sufren ella y su familia.

Tania Muñoz fue detenida junto con su hermana, Olesia Muñoz, en julio de 2018, encarcelada y criminalizada por apoyar y suministrar cuidados a las personas universitarias que participaban en las protestas contra el Gobierno desde el mes de abril de 2018. Fue condenada a 26 años de cárcel por delitos fabricados de terrorismo, daño agravado o robo agravado entre otros. El que entonces era su medio de subsistencia, un negocio de pan y respostería en el mercado de Granada, fue confiscado por el Gobierno y durante su período de privación de libertad, hasta su exarcelación el 20 de mayo de 2019, fue objeto de golpizas, torturas y tratos crueles e inhumanos, motivo por el que goza de Medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.

Los hostigamientos, vigilancias y amenazas contra las presas políticas excarceladas y sus familias,por parte tanto de policías y otros funcionarios del Estado como de paramilitares y simpatzantes del gobierno, son un hecho recurrente y sistemático, como ya hemos venido denunciando en relación a otros casos, vulnerando sus derechos fundamentales y con graves implicaciones sobre sus vidas.

Desde la IM-Defensoras exigimos que cese el hostigamiento contra Tania Muñoz, haciendo responsable al Estado nicaragünese de cualquier afectación sobre la intregridad física, moral o patrimonial de Tania y cualquier otra persona integrante de su familia.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga al pendiente de la situación en Nicaragua, donde la crisis socio-política y de derechos humanos iniciada en abril de 2018 sigue plenamente vigente a través de un contexto general de violación de derechos fundamentales de la población, represión, violencia y persecución política contra las personas y organizaciones críticas con el gobierno o que ejercen la defensa de los derechos humanos.