[Alerta Urgente] NICARAGUA / Policía asedia las casas de mujeres integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales

Las activistas Neyma Hernández, Ivannia Álvarez y Alexa Zamora, integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua han denunciado hoy 20 de junio asedio constante contra ellas y sus familias, además de vigilancia en sus casas y en casas de familiares por parte de la policía nacional.

Neyma Hernández, ex-carcelada política, denunció que 8 policías llegaron a la casa de su abuelita, quien está recuperándose de Covid-19 y viviendo un duelo familiar. Ivannia Álvarez, también ex-carcelada política, declaró que la policía llegó a cerrar por dos horas el paso de la calle donde vive. Antes de irse mencionaron que volverían hasta encontrarla.

Por otro lado, Alexa Zamora, expresó que en su caso esta situación se ha vuelto recurrente: “Se utiliza la unidad 793, con un aproximado de 6 a 8 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) armados, quienes se apuestan de 2 a 3 veces por semana frente a mi casa, tomando fotos a mi casa y a mi hija menor de edad”, relata.

A estas denuncias se suman las agresiones digitales sistemáticas por redes sociales, que han sufrido estas y otras activistas y ex-carceladas políticas desde hace varios meses.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que vigilemos y denunciemos las agresiones que viven las ex-carceladas políticas de Nicaragua. Muchas de ellas viven con sus libertades coercionadas y bajo una “muerte civil”, ya que no se les permite salir, trabajar, estudiar y tener una vida con sus derechos fundamentales asegurados.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses, una vez más, que las liberen del acoso y asedio al que las han sometido por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de organización y de protesta.

Alerta Urgente Nicaragua junio 20202
Alerta Urgente Nicaragua junio 20202

CARTA ABIERTA A DANIEL ORTEGA, PRESIDENTE DE NICARAGUA, ENVIADA POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

17 de junio de 2020 – Nosotras, las organizaciones firmantes, hemos realizado un monitoreo constante a la repuesta del gobierno nicaragüense al COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Por ello, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra profunda preocupación por la falta de acatamiento de estándares internacionales referidos a la prevención y control de epidemias por parte del gobierno nicaragüense. En particular, constatamos una reiterada desprotección hacía las personas trabajadoras de la salud en el país, no solo respecto a su salud física y mental en su lugar de trabajo, sino también hacia sus derechos a la libertad de expresión y a no ser despedidas injustamente de sus empleos. Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Estado nicaragüense tiene la obligación de comprobar que ha tomado todas las medidas hasta el máximo de recursos que disponga, para garantizar el derecho a la salud de su población y el derecho a unas condiciones laborales justas, seguras y favorables para las personas trabajadoras de la salud.

Según información del Observatorio Ciudadano COVID-19, desde el 4 de junio hasta la fecha, han sido despedidas por el Ministerio de Salud (MINSA) por lo menos 16 personas que laboran en la sanidad pública en Estelí, Granada, Managua y Rivas. Todos las y los profesionales de salud despedidos, firmaron una carta pública el 17 de mayo, instando al gobierno nicaragüense a tomar medidas más serias para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en el país, y haciendo un llamado a la población nicaragüense a quedarse en casa y tomar medidas de precaución y prevención sanitaria.

Es alarmante que algunas de las personas cesadas en sus trabajos recibieran cartas de despido que no contienen el motivo de terminación de la relación laboral. Además, algunos despidos fueron llevados a cabo de manera abrupta y sin reunión previa informativa u oportunidad de defenderse ante el despido. En ese contexto, Amnistía Internacional entrevistó a una doctora que señaló que la directora del hospital simplemente dijo que su despido del día 9 de junio se debió a “órdenes superiores”.

Las personas despedidas no han podido regresar a su lugar de trabajo y hasta ahora no han recibido una compensación por despido. Estos despidos son el último acontecimiento de una serie de represalias, en el entorno laboral, sufridas por el personal de salud desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Estos incidentes han incluido la prohibición del uso de equipo de protección personal (EPP) en varias ocasiones, además del acoso e intimidación hacia personas trabajadoras de la salud que han levantado la voz sobre condiciones de seguridad laboral y condiciones adecuadas para tratar pacientes. Estos actos intimidatorios también han sido señalados públicamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la fecha, 536 personas trabajadoras de la salud han presentado síntomas consistentes con el COVID-19, y 61 han muerto por causa de COVID-19, según cifras del Observatorio Ciudadano COVID-19 actualizados hasta el 10 de junio. Esta organización, conformada por un equipo multidisciplinario que realiza vigilancia epidemiológica comunitaria en el país, contabiliza 1,398 muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19, cifra que contrasta ampliamente con las cifras publicadas por el Ministerio de Salud para quien sólo hay 55 muertos por covid-19 al 10 de junio.

En este clima de acoso y represalia a personal sanitario, es de relevancia enfatizar que los principios de ética médica son coherentes con los principios de los derechos humanos e incluyen la obligación de asegurar que las personas tomen decisiones informadas sobre su atención médica. Aunque en los entornos de salud hay situaciones en las que retener información y mantener la confidencialidad es de importancia, especialmente cuando está implicada la privacidad de las y los pacientes, los principios éticos relativos a médicos/as y enfermeros/as incluyen explícitamente la responsabilidad del personal médico de señalar las deficiencias en la atención de la salud. Los órganos internacionales que supervisan las normas profesionales en los campos de la enfermería y las profesiones médicas han emitido directrices específicas sobre la obligación ética de alzar la voz en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Además, es muy importante que la voz del personal médico sea escuchada y que sus críticas sean valoradas y tomadas en cuenta. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el personal sanitario necesita participar activamente en diálogos sobre medidas de salud pública, sobre todo porque es el que debe aplicar esas medidas y el que conoce las necesidades prácticas y los problemas. Asimismo, ONUSIDA, la agencia de la ONU sobre la pandemia de VIH-SIDA, ha compartido lecciones desde la lucha contra el SIDA que enfatizan la imperiosa necesidad de proteger a las personas trabajadoras de la salud e incluir sus perspectivas en cualquier diseño de combate contra una pandemia. Estas directrices y aprendizajes deben ser implementados por el gobierno que Usted dirige, para asegurar una respuesta que proteja el derecho a la salud de toda la población de Nicaragua.

De igual manera, el Convenio 158 de la OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo (1982), establece en su artículo 5 que no será considerado un motivo justo de despido el cesar la relación laboral de una persona trabajadora que ha denunciado anomalías en el entorno de trabajo o hacia las autoridades.

Los recientes despidos de personal de salud se ubican dentro de un contexto de represión estatal que inició en Nicaragua en abril 2018 y que, a la fecha, continúa. En ese marco, las organizaciones firmantes rechazamos las repetidas represalias e intimidaciones hacia personas defensoras de derechos humanos, incluyendo los reiterados actos intimidatorios hacia profesionales de salud en particular. Estos actos abarcan despidos a varios profesionales de la salud durante estos últimos dos años, además de la intimidación y asedio policial denunciado por representantes de la Unidad Médica Nicaragüense, que sigue hasta el día de hoy.

Tomando en cuenta las preocupaciones planteadas, hacemos un llamado urgente al gobierno nicaragüense para que cese de inmediato los actos intimidatorios hacia personal de salud, incluyendo los despidos arbitrarios a quienes levantan la voz para exigir mayor protección sanitaria y transparencia en el contexto de COVID-19. De igual manera, hacemos un llamado para que las autoridades hagan efectivo el derecho que cada trabajador y trabajadora tiene de buscar un remedio efectivo contra su despido, lo cual comprende la posibilidad de reinstalación en los casos de despidos injustificados.

En este contexto, reiteramos nuestro interés de recibir información oficial sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se han convertido en una constante en su país. Igualmente, le exhortamos a que detenga la represión y la política gubernamental que castiga con despidos y hostigamientos al personal de salud que solo pide una política de salud integral frente a la pandemia.

Atentamente,

Amnistía Internacional

Asociadas por lo Justo (JASS) Mesoamérica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

[Alerta Defensoras] NICARAGUA / Desde el 15 de abril madres y familiares de personas asesinadas durante protestas de 2018 están siendo sometidas a hostigamiento policial en todo el país.

Asociación Madres de Abril (AMA)

Actividad
Derecho a la verdad, justicia y reparación

HECHOS – La Asociación Madres de Abril (AMA) ha denunciado que desde el pasado 15 de abril, en fechas durante las cuales están recordando el asesinato de sus familiares, varias de sus integrantes están siendo objeto de hostigamiento policial, asedio y ataques contra sus hogares y vulneración de su derecho a la libertad de movilización.   

Estos ataques se dan en el marco de cumplirse dos años del inicio, el 18 de abril de 2018,  de las protestas que el gobierno reprimió de manera brutal provocando una crisis socio-política y de derechos humanos que persiste en el país tras cobrarse más de 300 personas asesinadas, centenares de personas presas políticas, así como multitud de agresiones de diversa índole y gravedad contra activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, periodistas y población en general.

Precisamente, la Asociación Madres de Abril es una de las entidades de referencia surgidas en el contexto de esta crisis, cuando madres y familiares de personas asesinadas en el marco de las protestas se organizaron para exigir justicia, verdad y reparación por los crímenes de lesa humanidad, tal y como los calificó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comisionado por la CIDH, en su mayoría cometidos por fuerzas policiales y paramiltares afines al gobierno.

Estos ataques contra las integrantes de la AMA se unen a los que hemos venido denunciando durante los últimos días contra activistas, personas opositoras, presas políticas excarceladas, periodistas y defensoras de derechos humanos.

Desde la IM-Defensoras condenamos los ataques y el hostigamiento contra las integrantes de la Asociación Madres de Abril, a quienes trasladamos nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento por su incansable lucha en pos de la verdad y la justicia.

Hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier atentado o afectación sobre la integridad física, patrimonial o psicológica de las integrantes de la Asociación Madres de Abril o de sus familias. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a reconocer y a acuerpar la búsqueda de justicia de las Madres de Abril y a mantenerse vigilante ante la escalada represiva que, dos años después del inicio de la crisis, vuelve a darse en Nicaragua.

Alerta Urgente NICARAGUA / Al menos 70 mujeres activistas y defensoras de derechos humanos han sido agredidas por polícias y paramilitares desde el 15 de abril, en el marco del 2º aniversario del inicio de la crisis en Nicaragua.

Lejos de cesar, la campaña de represión y hostigamiento contra activistas, periodistas y defensoras iniciada por el gobierno nicaragüense en vísperas de cumplirse, el pasado sábado, 18 de abril, dos años del inicio de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país, se ha recrudecido durante ayer domingo y hoy lunes, cuando la población de Esquipulas, en la isla de Ometepe, ha amanecido con una brutal represión por parte de policías antimotines.

En total, desde el 15 de abril se han registrado al menos 70 mujeres activistas y defensoras de derechos humanos agredidas, entre ellas dos mujeres trans y dos mujeres embarazadas. Las agresiones, que incluyen insultos y amenazas de tipo sexual, se han dirigido especialmente contra personas presas políticas excarceladas y sus familias, así como contra madres de personas presas políticas y asesinadas en abril de 2018. 

Los ataques, asedios y hostigamientos por parte de policías y paramilitares reportados durante la pasada semana y el mismo sábado 18 de abril, los cuales denunciamos a través de alerta, se reprodujeron durante todo el domingo 19 de abril y continúan este lunes 20.

La situación reviste especial gravedad en Esquipulas, Ometepe, donde el domingo, la policía reprimió y detuvo a diversas personas que estaban instalando banderas azul y blanco en postes de electricidad, tras lo cual se inició una oleada de protestas y represión que esta mañana se ha recrudecido con el uso por parte de la policía de armas de fuego y gases lacrimógenos contra la población.

Desde la IM-Defensoras condenamos todos estos hechos y exigimos el cese inmediato de la violencia policial y paramilitar en contra de activistas, personas presas políticas ex-carceladas, periodistas, defensoras de derechos humanos y población en general.

Hacemos una llamado urgente a la comunidad internacional y a organismos oficiales de derechos humanos a reaccionar de manera rotunda ante estos graves hechos y ante la situación de vulneración generalizada y sistemática de los derechos humanos que persiste en Nicaragua, donde dos años después del inicio de la crisis, la represión de la protesta y la persecución política de las voces críticas y de quienes defienden los derechos humanos siguen plenamente vigentes. 

#AlertaUrgente NICARAGUA / Acuerdo entre patronal, sindicatos oficiales y gobierno por COVID-19 vulnera derechos laborales y agrava precariedad económica de trabajadoras de maquilas.

El pasado 24 de marzo, con el pretexto de enfrentar la crisis generada a escala global por la pandemia COVID-19, el gobierno de Nicaragua, las organizaciones patronales y los sindicatos oficiales que operan en las llamadas Zonas Francas donde se ubican las empresas maquiladoras, firmaron un acuerdo que supone una flagrante vulneración de los derechos laborales de las personas que trabajan en las maquilas, en su mayoría mujeres, y un agravamiento de la situación de vulnerabilidad y precariedad económica en la que ya de por sí se encuentran estas trabajadoras y sus familias. 

En líneas generales, dicho acuerdo facilita a las empresas la ejecución de despidos y la aplicación de reducciones de sueldo y horario. Se hace evidente que en el marco de la crisis sanitaria, la agudización de las condiciones de precariedad que enfrentan estas trabajadoras implica exponerlas a una situación de extrema vulnerabilidad tanto en materia económica como de salud.

En este sentido, en nuestro pronunciamiento “COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana” ya alertamos sobre la necesidad de que, ante la crisis vigente, los Estados deben implementar “políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas”.

A la preocupación por los contenidos y consecuencias de este acuerdo, se suma la indefensión en la que se encuentran las trabajadoras nicaragüenses de cara a oponerse al mismo, negociar y exigir se respeten sus derechos laborales. Ello como consecuencia de la clausura de los espacios de representación no alineados con el gobierno, así como de la persecución política y ataques sistemáticos que enfrentan quienes se organizan para defender derechos humanos o posturas diferentes a las oficiales. 

Por todo ello, desde la IM-Defensoras exigimos a las empresas y al Estado que se respeten los derechos laborales y sociales de todas las trabajadoras de las maquilas y que se prioricen éstos sobre los intereses de las empresas. 

También exigimos al Estado que garantice tanto a las propias trabajadoras como a las personas y organizaciones que las defienden el derecho a defender derechos.

Finalmente, reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para se mantenga vigilante de lo que sucede en Nicaragua, donde nos preocupa que la crisis generada por el COVID-19 puede convertirse en un nuevo instrumento del Gobierno para profundizar la grave crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018.