Alerta Defensoras HONDURAS / Defensora es asesinada por agentes de seguridad en violento, ilegal desalojo

Iris Argentina Álvarez

Actividad
Defensora del territorio

Agresión
Asesinato

La defensora Iris Argentina Álvarez fue asesinada hoy 2 de abril por personas identificadas como agentes seguridad privada de la Empresa Azucarera La Grecia. El hecho ocurrió durante un violento e ilegal desalojo en el sector de Los Chanchos, municipio de Marcovia, Choluteca.

Testigos de la comunidad aseguran que elementos policiales permanecían en la zona cuando los agresores abrieron fuego contra varias familias con muchos niños y niñas. La policía no hizo nada para detener la violencia que terminó con la vida de la defensora y dejó a otras dos personas heridas, incluyendo un menor de edad.

Las personas de la zona relatan que los incidentes comenzaron cerca de las 4:00 am cuando aún descansaban; varios sujetos identificados como personal de la azucarera, con machete en mano amenazaron a las personas y prendieron fuego a varias casas. Cerca de las 2:00 pm, estos elementos reprimieron a los pobladores disparando brutal e indiscriminadamente contra las personas que se defendían con palos y piedras.

Iris Álvarez y las familias desalojadas pertenecen a la cooperativa campesina Cerro Escondido, quienes desde hace más de un año recuperaron unas 20 manzanas de tierra propiedad del Estado para la siembra de productos de consumo básico.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, repudiamos y condenamos este terrible crimen sucedido ante la mirada pasiva y cómplice de los entes de la policía nacional.

Exigimos una investigación seria y responsable por el asesinato de la compañera Iris Argentina Álvarez y castigo a los responsables.

Exigimos a los medios de comunicación y a la población, dejar de ejercer violencia simbólica, revictimizar y respetar la memoria de la defensora y dejar de circular fotos de su cuerpo vulnerado y asesinado.

Responsabilizamos al gobierno de Juan Orlando Hernández por las constantes agresiones al pueblo hondureño que lucha por sobrevivir en un país donde impera la desigualdad, agravada en momentos como el actual donde se evidencia la injusticia social y la renuencia del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos humanos básicos de la población.

Iris Argentina Alvarez Honduras
Iris Argentina Alvarez Honduras

#AlertaDefensoras NICARAGUA / Niegan acceso a medicamentos y atención médica a activista y presa política Esperanza Sánchez

María Esperanza Sánchez García

Organización
Movimiento Cívico 19 de Abril – Matagalpa

Actividad
Derechos sociales y políticos

Agresiones
Criminalización, privación de libertad, negación de acceso a medicamentos y atención médica

HECHOS – El martes 24 de marzo, la activista y presa política María Esperanza Sánchez sufrió un ataque de asma y una crisis de presión alta mientras se encontraba recluida en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. A la activista se le ha negado reiteradamente el derecho a recibir atención adecuada y medicamentos, además de cualquier tipo de protección o medidas de seguridad frente a la pandemia Covid-19, siendo ella una paciente de alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de un contagio. Por presión de las otras reclusas, la activista fue llevada a valoración y diagnosticada con bronquitis. 

Según denuncia su familia, desde el momento de su detención en enero de este año, María Esperanza ha sido objeto reiterado de torturas, trato cruel e inhumano con el objetivo de forzarla a aceptar los delitos de tráfico de drogas que se le imputan.

La activista padece hipertensión arterial y asma cardíaca,  así como problemas de coagulación debido a una trombosis coronaria que sufrió hace años, por lo que las torturas y las inhumanas condiciones de privación de libertad que enfrenta hacen temer por su estado de salud, la cual ha empeorado en los últimos días.

Ella había participado del activismo cívico desde abril de 2018, cuando estalló la crisis socio-política que sigue vigente en el país. Fue parte del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y más tarde del Movimiento Cívico 19 de Abril – Matagalpa y de la Unidad Azul y Blanco (UNAB).

La policía pretende imputarle cargos por tráfico de drogas que ella niega. Según han advertido varias organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, esta parece haberse consolidado como una estrategia del Estado para criminalizar a personas activistas, encarcelarlas y negar su condición de presas políticas.

Desde la IM-Defensoras denunciamos la negación al derecho a la salud, exigimos el cese inmediato de los actos de tortura y trato cruel e inhumano contra María Esperanza y hacemos responsable al Estado nicaragüense de su vida e integridad física, psicológica y emocional. 

Asimismo, exigimos su liberación y el del resto de personas políticas que siguen privadas de libertad en Nicaragua.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga alerta sobre lo que sucede en Nicaragua, donde la crisis iniciada en abril de 2018 persiste mientras el Gobierno sigue vulnerando los derechos fundamentales de la población y exponiendo a activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a un contexto de amenazas, hostigamiento, ataques y limitaciones al ejercicio de su labor.

[PRONUNCIAMIENTO] COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana

Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades

La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis (de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos humanos, entre otras) y expresa  la insostenibilidad del modelo político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.

Este modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en palabras de nuestra compañera  Berta Cáceres, durante décadas se ha centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna. Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos humanos y justicia social.

Nos preocupa que los Gobiernos se aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas. 

En Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta crisis son  patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el acceso a información de salud.         

La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras. Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por actores estatales (a la fecha hemos registrado  agresiones contra defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.

Desde nuestra apuesta política por el cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades. 

Las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región, como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y espiritualidades emancipadoras. 

Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:

  • Que afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria, social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
  • Que se abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los derechos humanos.
  • Que no aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
  • Que reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el mantenimiento de la sociedad y de la vida.
  • Que implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas.
  • Que garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento. 
  • Que garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
  • Que dejen de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.

Asimismo, hacemos un llamado a organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios, creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas, vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes  y necesarias. 

¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!

¡Viralicemos la solidaridad!

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica)
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador
Consorcio Oaxaca
Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)
Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras)
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos

[COMUNICADO DE PRENSA] Ataques contra mujeres defensoras aumentan: otra gran epidemia mesoamericana

  • Los ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos se duplicaron en el 2017-2018 con respecto al 2015-2016.

  • Los datos provienen del sistema de registro de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, hasta hoy el único que registra agresiones contra defensoras de derechos humanos en la región.

Datos preliminares del informe de agresiones de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos humanos indican que los ataques contra mujeres defensoras no sólo se han duplicado entre 2015 y 2018, sino que este aumento progresivo de violencia parece determinar una tendencia.

Dicho estudio reveló que, sólo entre 2017 y 2018, se produjeron al menos 3305 agresiones contra mujeres defensoras por parte de múltiples actores, siendo los Estados los principales agresores: Funcionarios de los Estados mesoamericanos perpetran 7 de cada 10 ataques contra defensoras. Además, 1 de cada 4 agresiones ha ocurrido contra grupos de defensoras en movilizaciones en defensa de derechos, protesta y resistencia.

Nicaragua
Nicaragua

Ser defensora: vivir otras violencias

Los datos revelan además que 3 de cada 5 defensoras han sido agredidas repetidamente; ellas viven agresiones por ser mujeres y por ser defensoras. Son víctimas de descalificación, violencia sexual, violencia por parte de la pareja u otros miembros de su familia, violencia por alterar el orden social establecido (familia, valores tradicionales), revictimización, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, asesinato, intimidación, hostigamiento psicológico, calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio.

De todas las defensoras agredidas, 275 tenían medidas cautelares, lo cual significa que los Estados no han cumplido con su obligación de garantizarles protección efectiva. Muchas de ellas no pudieron continuar su lucha: Sólo entre 2017 y 2018, 65 defensoras fueron asesinadas y 27 sufrieron intentos de asesinato.

Honduras
Honduras

Criminalizadas por defender derechos

Por primera vez, estos datos preliminares del informe de agresiones contienen información de criminalización a defensoras, usando como referencia la definición de CIDH en lo referente a criminalización de defensa de derechos “[…] la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”.

Descubrimos que 1 de cada 10 defensoras agredidas fue criminalizada. El 40% de estas defensoras criminalizadas tiene entre 26 y 35 años. La mayoría de los actores de criminalización eran autoridades provinciales, estatales y departamentales; seguidos de policías, empresas, militares y otros.

México
México

Las redes salvan

El informe señaló que las defensoras que defienden la tierra y territorios, la verdad, la justicia y la reparación y el derecho a defender derechos han sufrido las mayores agresiones. Los ataques contra la integridad física y mental, y su reputación, son las agresiones más frecuentes.

La investigación señala que la tendencia a agredir a grupos (colectivos) de defensoras y organizaciones está vinculada a la represión de la libertad de protesta cívica y, en este contexto, las agredidas son usualmente defensoras jóvenes. En respuesta, reiteramos que necesitamos seguir trabajando en la protección desde las redes y desde los colectivos.