Más de doscientas organizaciones de América y Europa exigimos la incorporación del SUNLA al proceso de investigación en el caso de los jóvenes garífunas víctimas de desaparición forzada desde julio de 2020 en Triunfo de la Cruz, Honduras

Mediante una carta pública dirigida a las máximas autoridades del Estado hondureño e instancias internacionales de derechos humanos, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), junto a más de doscientas organizaciones de derechos humanos de América y Europa, exigimos la incorporación inmediata del Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA) al proceso de investigación y búsqueda de Alberth Sneider Centeno, quien es el Presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix. Estos jóvenes garífunas son víctimas de desaparición forzada desde el pasado 18 de julio de 2020, cuando un grupo de aproximadamente 30 hombres armados y equipados con uniformes y chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), identificándose como pertenecientes a dichas fuerzas, ingresaron a  la comunidad Triunfo de la Cruz y se los llevaron.

SUNLA es una iniciativa del pueblo garífuna aprobada en asamblea del mismo pueblo a petición de los familiares de Sneider, Milton, Suami y Gerardo Misael con el objetivo de desarrollar una investigación independiente y dar seguimiento  al proceso de investigación ejecutado por el Estado de Honduras, el cual hasta la fecha no ha presentado ningún avance que haya permitido dar con su paradero, identificar a los responsables o determinar el móvil del delito. Sin embargo, el pasado 26 de marzo de 2021 el Estado de Honduras negó a través de la Procuraduría General de la República la incorporación del SUNLA en las investigaciones.  

Para las organizaciones firmantes, la incorporación del SUNLA en el proceso de investigación no solo se justifica en el respeto a los derechos del pueblo garífuna, sino también a partir de los derechos internacionalmente reconocidos a las víctimas de desaparición forzada y en las posibilidades que otorga el derecho interno de incorporarse como acusación particular en casos de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos. Por tanto, la incorporación de SUNLA es vital como mecanismo para garantizar el legítimo derecho de las víctimas, familiares y representantes de poder acompañar y participar en el proceso de investigación y búsqueda y velar porque este sea exhaustivo e independiente.  

La carta finaliza con un llamado para que cese la persecución, criminalización, hostigamiento e intimidación por parte del Estado hodureño contra el Pueblo Garífuna.

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[CARTA PÚBLICA] Condenamos represión policial contra las madres de Ayotzinapa en el Estado de Chiapas

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CARTA PÚBLICA

Ciudad de México, 18 de febrero de 2020.

Sr. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudad de México.
Sra. Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación.
Ciudad de México.
Sr. Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Ciudad de México.
Sr. Rutilio Escandón Cadena
Gobernador del Estado de Chiapas.
Sr. Ismael Brito Mazariegos
Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas.
Dr. Limber García Zapata
Secretario de Salud del Estado de Chiapas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (en adelante RNDDHM), integrada por 279 defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de 27 estados de la República, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (en adelante IM-Defensoras) expresamos preocupación e indignación por la brutal agresión que fuerzas de seguridad pública del Estado de Chiapas llevaron a cabo, el domingo 16 de febrero de 2020, contra las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Mactumatza.

Resulta totalmente reprobable que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, no garantice el legítimo derecho humano a la protesta y haga uso de la violencia para reprimir las exigencias de justicia y verdad, sobre todo en el marco de la conocida caravana de búsqueda que han emprendido las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Ayotzinapa.

Se establece la represión desde el momento en que se decide implementar un operativo de magnitud desproporcionada, en el que participaron cerca de 200 elementos de la policía del estado de Chiapas y de la Guardia Nacional. También es inconcebible que dichas fuerzas de seguridad hayan actuado por mutuo propio y que autoridades de alto nivel desconocieran las agresiones perpetradas en contra de la manifestación convocada por jóvenes normalistas de Chiapas, en la cual también participaban familiares de los 43 así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Ante esto, nos preocupa el grado de vulnerabilidad de las medidas de protección y seguridad que el Gobierno Mexicano está obligado a otorgar y garantizar a las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero sobre todo nos indigna que sea la propia autoridad encargada de brindar seguridad la que violente a quienes debe proteger.

La defensoras que integramos la RNDDHM y la IM-Defensroras nos sumamos a la exigencia de:

  • Investigación y sanción, por acción y omisión, a los responsables, materiales e intelectuales, de las agresiones contra las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, así como de los estudiantes de la Normal Rural Mactumatza, e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Las heridas que doña Hilda Legideño Vargas (madre del estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño, desaparecido el 26 de septiembre del 2014), su hija y otros padres y madres sufrieron representan una nueva agresión por parte del Estado para reprimir su búsqueda de verdad y justicia.

  • Cese al hostigamiento en contra de la Caravana del Sur integrada por el Comité de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

  • Se garantice atención médica integral a las madres lesionadas por la acción violenta de la policía estatal de Chiapas, así como a los jóvenes normalistas que resultaron con heridas y lesiones graves. En este sentido reprobamos la actuación de los hospitales y clínicas del sector público de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se negaron a atender a las personas heridas por ser normalistas y esperamos que se tome las medidas correctivas necesarias para quienes en evidente omisión han puesto en riesgo la vida e integridad de jóvenes y madres victimas de represión.

  • Se garanticen medidas de seguridad para las personas integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Responsabilizamos al gobierno federal y al gobierno de Chiapas de todo lo ocurrido el domingo 16 de febrero de 2020 en torno a quienes demandan justicia, verdad y no repetición.

C.c.p.- Aarón Mastache, titular del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.- Ciudad de México.- Para conocimiento e intervención.
C.c.p.- Jesús Peña, Encargado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ciudad de México.- Para conocimiento e Intervención.
C.c.p.- Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciudad de México.- Para conocimiento e Intervención.
C.c.p.- Michel Forst, Relator Especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
C.c.p.- Sr. Bernard Duhaime, Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.