[Alerta Defensoras] NICARAGUA / Mujeres activistas, periodistas y defensoras nicaragüenses de DDHH viven prolongada situación de hostigamiento policial, vigilancia y retenciones domiciliarias ilegales.

Mujeres activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos

Actividad
Derecho a defender derechos, derecho a informar, derechos sociales y políticos.

Desde el pasado 18 de abril, en el marco de la conmemoración del aniversario del estallido social de 2018, el hostigamiento policial a mujeres activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos se ha intensificado. Estos hostigamientos se producen de forma reiterada y sistemática y vienen acompañados de restricciones a la libertad de movimiento, actos de vigilancia, persecución y retenciones domiciliarias ilegales de hasta una semana de duración. Todo ello con el objetivo de impedir que las defensoras se movilicen para ejercer su legítimo derecho a la protesta.

Según denuncias de las defensoras, agentes de la Policía Nacional se presentan a sus vivienda desde tempranas horas de la mañana en patrullas y en ocasiones se hacen acompañar por grupos parapoliciales, ponen conos frente a sus casa, toman fotos y videos a ellas y sus familiares, además les han dicho que tienen la orden de no dejarlas salir de sus casas; obstaculizando de esta manera el ejercicio de sus derechos y sus familiares. 

Entre las defensoras afectadas se encuentran: Ivania Álvarez, Neyma Hernández, Tamara Dávila, Johana Espinoza Delgado, Mariangeles Delgado Lindo, Linette Mendez, Danelia Arguello, Kalua Salazar, Daysi Godoy y Martha Alvarado.

Desde la IM-Defensoras expresamos nuestro repudio ante estos hechos absolutamente arbitrarios e ilegales, los cuales violan derechos garantizados por las propias leyes del país, así como por los estándares internacionales de derechos humanos, y provocan graves afectaciones sobre la vida cotidiana de las defensoras nicaragüenses y sus familias.

Nos preocupa la escalada y la normalización de estos actos de vigilancia y hostigamiento, exigimos se les ponga fin de inmediato y hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier vulneración a la integridad y la seguridad tanto de las defensoras como de sus familias. 

Abrazamos y nos solidarizamos con estas compañeras, activistas, periodistas, presas políticas excarceladas y defensoras de derechos humanos que, pese a las dificultades y el constante hostigamiento que viven junto a sus familias, no cesan en su digno y legítimo empeño de trabajar por un país mejor, construyendo comunidad, edificando una política colectiva que protege y sostiene la vida.

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para solidarizarse con ellas y mantenerse al pendiente de la situación en Nicaragua, donde, a tres años del estallido social, el autoritarismo del Gobierno, expresado a través de la persecución política y criminalización contra cualquier voz crítica, la violencia policial y parapolicial y las reiteradas y sistemáticas violaciones a derechos fundamentales, continúa profundizando la grave crisis socio-política y de derechos humanos en la que está sumido el país.

 

Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras: “Logramos el sobreseimiento definitivo para la defensora de la tierra y territorio Lilian Borjas”

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras – Este 12 de marzo, tras 8 años de que nuestra compañera Lilian Borjas, mujer campesina, líder comunitaria, defensora de la tierra y el territorio enfrentara un largo proceso judicialización plagado de irregularidades e inconsistencias, el Juzgado de Sentencia de El Progreso, Yoro, dictaminó sobreseimiento definitivo para ella por el delito de usurpación.

Lilian, quién es integrante de la CNTC del Progreso, organización miembra de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, emprendió junto a once compañeros del grupo campesino “Triunfo de la Bolsa”, una fuerte lucha por sus territorios que fueron concedidos por el Estado de Honduras de manera irregular a una familia privilegiada de la zona.

Desde entonces fue perseguida, amenazada, agredida, criminalizada y judicializada arbitrariamente por la defensa de las tierras que habitaba y trabajaba en la comunidad de El Rodeo, en El Negrito,Yoro.

El proceso de judicialización estuvo plagado de los vicios acostumbrados en este país por quienes son responsables de impartir justicia y se coluden con terratenientes alargando los procesos y ejerciendo graves violaciones a los derechos humanos de campesinos y campesinas.

Para el caso, a Lilian y sus compañeros se les dictó medidas sustitutivas durante ocho años, por un delito cuya pena máxima es de cuatro según el Art. 227 del Código Penal y mediante una medida cautelar impuesta de manera negligente e ilegal, fueron obligados a movilizarse desde sus comunidades hacia los juzgados a firmar cada 15 días durante los ocho años del proceso. Así mismo, la audiencia preliminar, la audiencia inicial y el juicio fueron suspendidos y reprogramados más de 12 veces en sus distintas etapas.

Desde el año 2015 la Red Nacional de Defensoras acuerpó a Lilian brindándole acompañamiento jurídico y apoyo emocional. Durante estos 6 años denunciamos las agresiones de las que fue víctima y desde distintas plataformas exigimos al Estado el cese de la política de odio, persecución y criminalización de nuestra compañera.

Hoy, entre la felicidad que nos regala el saberla libre de este proceso, denunciamos nuevamente que el Estado de Honduras somete a defensoras y defensores que luchan por su derecho legítimo a la tierra a procesos inhumanos y desgastantes que les mantienen en permanente zozobra, mientras los que roban, asesinan y se aprovechan del pueblo continúan haciéndolo en libertad y viven sus vidas en total impunidad.

¡Defender la tierra no es un delito, es un derecho!

¡Exigimos un 8 de marzo sin represión ni violencias patriarcales!

FOTO: Rosario Ochoa

Desde hace varias décadas, el 8 de marzo millones de mujeres y feministas alrededor del mundo constatamos el peso de nuestras voces juntas. Nos movilizamos en plazas y otros espacios públicos para reivindicar nuestra determinación de transformar un mundo en crisis que impone sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios la violencia y explotación patriarcal, racista, capitalista y colonial.

El 8 de marzo es un momento de estar y sentirnos juntas, de construir un solo grito de rabia y esperanza y de hacerlo desde nuestra diversidad. El 8 de marzo nos reconocemos entre nosotras, honramos a nuestras ancestras y a quienes defendemos los derechos de todas.

Las multitudinarias movilizaciones de los últimos años nos han hecho aún más visibles y han hecho posible que, tímida o abiertamente, otras muchas mujeres se hayan sumado a nuestro llamado por la igualdad, la justicia y la libertad. Esta expresión de fuerza es una terrible amenaza para quienes nos quieren sumisas, solas y en nuestras casas. Por ello, las marchas del 8 de marzo y de otras fechas emblemáticas protagonizadas por mujeres y feministas generan tanto miedo y rabia en quienes vigilan el orden patriarcal, siendo la violencia la única respuesta posible. 

Desde la IM-Defensoras y las redes y articulaciones nacionales de defensoras que la integramos, hemos constatado la creciente violencia y represión cada vez que nos manifestamos, las cuales marcan una tendencia regional dirigida a callar voces y limitar nuestra presencia en los espacios públicos para la protesta, algunos de los patrones identificados son: 

Limitar nuestro espacio de protesta y militarización de las marchas. En los últimos años cada vez más feministas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador han visto restringido su derecho a la libre manifestación por cuerpos policiales que establecen los límites de sus movimientos con la excusa de “cuidar” a quienes participan en las marchas. Con frecuencia son otras mujeres quienes presiden los cordones restrictivos como una estrategia para invisibilizar la violencia patriarcal. 

En Nicaragua, desde 2019 toda manifestación y protesta ha sido prohibida, y ante cualquier intento de nuestras compañeras para juntarse y protestar son rodeadas por policías o paramilitares. Estos hostigamientos comúnmente continúan en sus casas y se extienden a  sus familias. En Honduras las protestas son sistemáticamente reprimidas con gases lacrimógenos y otras formas de violencia policial. 

 Agredir y exponer nuestros cuerpos. Los golpes, empujones, tocamientos y otras formas de violencia sexual son parte de las vivencias relatadas por compañeras que han sido agredidas durante protestas en todos los países. Defensoras indígenas, defensoras de la tierra, transgéneros, lesbianas y jóvenes activistas de toda la región son quienes con mayor frecuencia se han enfrentado a los custodios de este sistema racista, machista, clasista y adultista al que nuestras voces incomodan. 

A lo anterior se suman ejercicios de intimidación como seguirles en los recorridos de las marchas, fotografiarlas, grabarlas en videos y luego divulgarlos en redes sociales.

Para las periodistas y comunicadoras estos ataques incluyen además despojarles o destruir sus instrumentos de trabajo, como teléfonos y cámaras, los cuales con frecuencia acaban formando parte del botín de los agresores. 

Discursos de odio desde las instituciones. Se ha incrementado el ataque sistemático contra feministas y sus organizaciones. “Feminazis”, “mareras”, “abortistas” “terroristas” y “vandálicas” son algunos términos utilizados desde los discursos oficiales para generar odio hacia nosotras, valiéndose del aparato estatal y las redes sociales para difundirlos. El terreno digital se ha convertido en otro campo de lucha, donde las feministas y líderes somos igualmente señaladas, hostigadas y agredidas, lo cual vimos incrementarse en 2020 sobre todo en países como El Salvador. Estas campañas de odio generan un impacto en nuestras redes de apoyo, en nuestras comunidades, organizaciones y familias y han llegado a materializarse en agresiones no solo por parte de cuerpos armados estatales, sino también de desconocidos o personas cercanas. 

Criminalización de las luchas y la protesta. En todos los países hemos documentado procesos de criminalización a compañeras cuyo único delito fue manifestarse y levantar la voz, como un intento de desmovilizar e instaurar el miedo, para evitar que salgamos a las calles. Un ejemplo de ello son las notificaciones que han recibido en México feministas participantes en las movilizaciones del 8 de marzo de 2020 por parte de la fiscalía, o la detención arbitraria de compañeras del Bajo Aguán y Guapinol en Honduras, o de defensoras jóvenes de Nicaragua y Guatemala por el simple hecho de manifestarse. 

La pandemia al servicio de la represión. La pandemia de la COVID-19 ha sido una herramienta para imponer medidas totalitarias que limitan nuestras protestas y nuestro derecho a informar e informarnos. La imposición de toques de queda y aislamiento obligatorio han sido las excusas para agredirnos, criminalizarnos y asesinarnos.

Es por todo ello que este 8 de marzo, como todos los días del año, las mujeres exigimos vivir sin violencia y poder expresarnos, reunirnos y manifestarnos sin miedo. 

Exigimos a nuestros Estados reconocer y responsabilizarse de la grave situación de violencia y desigualdad que enfrentamos las mujeres, y evitar cualquier acto de difamación u otra forma de violencia en contra nuestra. 

Este 8 de marzo estaremos vigilantes de las actuaciones de las autoridades y otros actores que pretendan acallar nuestras voces y denunciaremos cualquier acto de violencia y represión en nuestra contra. Pero, sobre todo, seguiremos cuidándonos juntas, defendiendo la vida y construyendo el mundo de dignidad y derechos que todas merecemos. 

 

       

 

[ALERTA URGENTE] HONDURAS / Defensoras garífunas detenidas enfrentan su audiencia este domingo 7 de marzo: comunidad internacional exige su liberación.

Este domingo 7 de marzo, a las 8 AM de Honduras, se llevará a cabo la audiencia inicial en los juzgados de Trujillo, Colón, en la que se determinará si Marianela Solórzano y Jennifer Solórzano,  defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), seguirán privadas de libertad  arbitrariamente. Ambas compañeras fueron detenidas por la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) el 3 de marzo por la mañana bajo acusación de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras. 

En el expediente se las incrimina por los delitos de usurpación de tierras, implicando a otras defensoras y defensores garífunas. Los delitos de los que se les acusa están relacionados con el proceso histórico de resistencia frente al despojo al que ha sido sometido el pueblo garífuna. Empresas y gobiernos han participado en la apropiación ilegal del territorio ancestral del pueblo garífuna, y la titularidad de más de 7 mil hectáreas de tierra en las comunidades de Cristales y Río Negro está respaldada por títulos de propiedad ancestral.

El 4 de marzo, en horas de la mañana, las defensoras fueron presentadas ante el juzgado competente, donde la defensa solicitó medidas alternas a la detención judicial, las cuales fueron negadas. En caso de que no se decrete su libertad, las defensoras serán trasladadas al Centro Penal de Olanchito, Yoro. Marianela es defensora de los derechos de la comunidad garífuna LGBTI y Jennifer defensora de los territorios ancestrales garífunas. Sus detenciones se dan en el marco de continuas agresiones y persecución en contra del pueblo garífuna organizado en la OFRANEH.

Históricamente las comunidades que integran la OFRANEH han sido objeto de acoso, amenaza de grupos armados, asesinatos y desaparición de líderes comunitarios, entre otras graves violaciones a sus derechos que en los últimos 10 años se han profundizado como resultado de un modelo autoritario y criminal presidido por Juan Orlando Hernández. Hace 8 meses, 5 compañeros garífunas fueron desaparecidos  por hombres armados con uniformes de la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI) de Honduras. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y las demás redes y articulaciones nacionales de defensoras de derechos humanos de Mesoamérica, hacemos un llamado a los movimientos sociales, feministas y LGBTI y a toda la comunidad internacional a estar pendientes del desarrollo del proceso y a demandar una audiencia con todas las garantías para las defensoras garífunas criminalizadas.

Exigimos además la liberación inmediata de las compañeras defensoras y responsabilizamos a las autoridades de cualquier daño que las defensoras puedan sufrir. Marianela y Jennifer son defensoras, no son delincuentes.

[Alerta Defensoras] GUATEMALA / Asesinan a defensora que buscaba justicia para su hija, una de las 56 niñas víctimas de la masacre en el Hogar Virgen de la Asunción.

María Elizabeth Ramírez

Actividad
Derecho a la verdad, justicia y reparación.

HECHOS – El cuerpo de la defensora María Elizabeth Ramírez fue encontrado sin vida la mañana del domingo 21 de febrero, a orillas de un río de aguas negras en Los Pinos, Esquipulas. María Elizabeth era la madre de Wendy Vividor Ramírez, una de las niñas asesinadas el 8 de marzo de 2017 en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción. Su cuerpo presentaba señales de violencia y ensañamiento. 

Desde el asesinato de su hija, María Elizabeth no había dejado de buscar justicia y, junto a otras familias de las víctimas, era parte de una querella, con proceso judical todavía en curso, contra varios funcionarios públicos señalados como presuntos responsables de delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

Cabe mencionar que María Elizabeth es la segunda madre de las 41 asesinadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que muere de forma violenta, siendo la primera Gloria Pérez y Pérez, madre de Iris Yodenis León Pérez, quien fue brutalmente asesinada el 8 de julio del 2018 en Sayaxché, Petén, junto a su hija de 13 años, Nury León Pérez.

Además, el asesinato de María Elizabeth se ha producido pocos días antes de cumplirse el cuarto aniversario de la masacre, en una fecha tan señalada para el movimiento feminista y los derechos de las mujeres como es el 8 de marzo, y en la que, como cada año desde 2017, se van a llevar a cabo múltiples actos de recuerdo hacia las víctimas y de exigencia de justicia. Cabe recordar que, en septiembre de 2019, el gobierno retiró el altar en memoria de las niñas asesinadas que se había instalado en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala, y que ese mismo año, en vísperas del 8 de marzo, la sede la Alianza Política Sector de Mujeres fue objeto de allanamiento y sustracción de documentación y equipos de trabajo después de realizar un acto de conmemoración de la masacre.

Desde la IM-Defensoras expresamos nuestra consternación y nuestro más enérgico  repudio y condena por el asesinato de María Elizabeth Ramírez y exigimos al Estado guatemalteco una investigación inmediata y exhaustiva del mismo, que no descarte ninguna línea de investigacion, incluyendo la relacionada con la labor de búsqueda de justicia que desde hace 4 años llevaba a cabo la defensora.

Nuestro abrazo y nuestra solidaridad hacia su familia y personas allegadas, así como hacia el resto de familias, organizaciones y defensoras de derechos humanos que siguen exigiendo justicia por la masacre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.