En el marco del 8 marzo la Red Nacional de Defensoras de DDHH en México documenta múltiples vulneraciones al derecho a la protesta en todo el país

El pasado 8 de marzo miles de mujeres en todo el país salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, alzar la voz para exigir derechos y visibilizar el continuum de la violencia en México. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México hemos documentado cómo las diferentes formas de manifestación, que incluyeron a mujeres, jóvenes y niñas que por primera vez ejercieron su derecho a la protesta, enfrentaron persecución, hostigamiento, acoso policial y hasta cateos y detenciones en distintas partes del país.

En el marco del 8 de marzo se agudizó la criminalización y el acoso que ya veníamos observando y que se ha exacerbado en los últimos 12 meses. En un país donde la represión de la protesta social es un problema histórico y estructural, ser mujer, ser defensora y feminista en México es razón suficiente para caminar por las calles bajo la amenaza de la criminalización y la violencia por el estigma alentado desde narrativas y discursos de violencia en redes sociales, algunos medios de comunicación y actores políticos.

Desde la Red Nacional de de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras condenamos la actuación de integrantes de distintos cuerpos policiales que llevaron a cabo acciones de hostigamiento y amenazas en contra de las mujeres feministas, periodistas y fotoperiodistas que participaron en las manifestaciones, de manera particular condenamos que en el estado de Aguascalientes aún se mantenga a 8 mujeres y 2 hombres detenidas. 

Además se reportaron actos de intimidación contra las manifestantes en Veracruz, Michoacán y en Ciudad de México, en donde el monitoreo que realizó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México permitió constatar el uso de gas lacrimógeno y la detención ilegal de 4 foto-reporteras, cuyas pertenencias también  fueron registradas  por elementos policiales en el metro Hidalgo de la Ciudad de México.

Asimismo nos preocupa la distorsión y difusión no verificada de la información y sobre las protestas y actos represivos que actores ajenos al feminismo han estado promoviendo para sus propios intereses.

Es urgente que tanto los Gobiernos de los Estados como el Gobierno Federal hagan un llamado a que se garantice una actuación policial con pleno respeto a los derechos humanos y a la libre manifestación; que se pronuncien en forma determinante ante estos hechos y hagan un llamado a las distintas corporaciones policiales para evitar que sus efectivos continúen ejerciendo violencia y perpetrando abusos en contra de las manifestantes  que, como en caso de Aguascalientes, se concretaron en agresiones físicas directas de los agentes y en Ciudad de México en  encapsulamientos, cateos y lanzamiento de gases lacrimógeno a las manifestantes. 

Una vez más recordamos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno que México ha suscrito un sinnúmero de instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destaca el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración sobre Personas Defensoras, que reconocen  el derecho a la manifestación y asociación y el derecho a defender los derechos humanos. 

De igual forma, urgimos al gobierno federal a hacer valer su compromiso contra la represión de la protesta social, evitando de forma clara y contundente el discurso estigmatizador que se ha mantenido hasta el momento y estableciendo  mecanismos efectivos de interlocución entre las organizaciones e  instituciones, en las diferentes entidades de la república.

HECHOS

En la Ciudad de México, la jefa de gobierno informó sobre la detención de dos hombres armados, escoltas de una defensora de derechos humanos, a quienes se les acusó de robar escudos de la policía.

Las manifestantes acusaron represión con gas lacrimógeno y balas de goma, a pesar de que las autoridades afirmaron que  la policía estaba desarmada y que repelió la agresión con extinguidores.

También dio a conocer que, tras la detención de cuatro fotógrafas de medios de comunicación en las instalaciones de la estación del Metro Hidalgo, se solicitó la sustitución de los elementos que participaron y del mismo director general de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), José Arturo Blanco Hernández.

En Aguascalientes fueron detenidas 22 mujeres por daños al palacio de Gobierno. Grupos feministas informaron que 14 de ellas, acusadas de la comisión de faltas administrativas,  saldrían tras el pago de fianza cercana a  los 175 mil pesos; mientras que se procederá contra otras ocho manifestantes detenidas.

En Puebla, la secretaría de Gobernación señaló que los daños cometidos a inmuebles públicos y privados, al mobiliario público y las agresiones físicas hacia otras personas durante la marcha del 8M, ya son investigadas por la Fiscalía General del Estado. 

En Chihuahua fueron detenidas y posteriormente liberadas 6 manifestantes. 

En Querétaro, mientras feministas realizaron acciones de protesta en la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía, conductores de transporte público les “aventaron” camiones a las manifestantes. 

También se realizaron acciones y movilizaciones donde se registraron algunos enfrentamientos con la policía en Morelos, Hidalgo, Chiapas y Veracruz, Tlaxcala y en seis municipios del Estado de México.

Las manifestaciones sin incidentes se registraron en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Durango, Jalisco, Coahuila, Tabasco, Baja California, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nuevo León y Zacatecas.

Dentro de las movilizaciones realizadas por las manifestantes destaca la resignificación de los nombres de las calles colocando “nomenclaturas” con los nombres de las víctimas de feminicidio y nombres de mujeres que nos han inspirado en la lucha feminista. La contracara de estas acciones fue la afrenta a las mujeres que supone el hecho de  que ante las acciones de protesta frente al domicilio de una persona señalada en múltiples denuncias como agresor sexual en la Ciudad de México, dicho domicilio  fuera “resguardado” con un despliegue policial exagerado.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

Organizaciones que se suman:

PRODESC AC
Luchadoras
CIMAC AC

[Alerta Urgente] MÉXICO / Tras mantenerlas dos días privadas de libertad, liberan a 8 mujeres defensoras detenidas arbitrariamente en la marcha del 8M en Aguascalientes.

El pasado 8 de marzo, en el marco de las marchas por el Día de la Mujer, policías municipales y estatales de Aguascalientes detuvieron de forma violenta y arbitraria a 23 mujeres y 3 hombres. Quince de estas personas fueron liberadas ese mismo día, pero 9 de ellas, 8 de las mujeres y uno de los hombres, permanecieron privadas de libertad hasta el miércoles 10 de marzo. En el momento de las detenciones, elementos de policía cometieron graves agresiones, entre ellas golpear y patear a las mujeres, quienes además fueron arrastradas tomadas del cabello.

Las compañeras que permaneciern detenidas durante dos días son Yoselín CV., R Imelda VL., A Paulina MM., F Sofía MC, D Asunción CJ., A Karen L, Y Yarit RO y Yeudiel RO. Seis de ellas son mujeres jóvenes que empiezan con su labor de defensa de derechos humanos y participan activamente en acciones dirigidas a la ocupación del espacio público en la protesta, la movilización y organización; las otras dos mujeres fueron detenidas por el simple motivo de encontrarse en el lugar y momento de las agresiones policiales. 

Desde la red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Front Line Defenders y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) condenamos estos actos arbitrarios de represión y violencia policial contra compañeras defensoras que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y exigimos que ninguna de ellas sea judicializada por estos hechos. Protestar no es un delito, es un derecho que todas las instituciones de todos los niveles del Estado mexicano tienen la obligación de respetar y garantizar.