[COMUNICADO] Asesinan a Isabel Cabanillas de la Torre, artista y activista de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez

Las 245 defensoras de derechos humanos que trabajamos en 24 estados de México e integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) nos sumamos a la indignación y consternación por el asesinato de la defensora Isabel Cabanillas de la Torre, joven artista y activista de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez.

Isabel Cabanillas de la Torre, con 26 años de edad, desarrollaba su labor en la Iniciativa Feminista: Hijas de su Maquilera Madre. Colectiva que defiende la lucha política de los derechos de las mujeres, el derecho a decidir, la igualdad, la diversidad sexo-afectiva, la denuncia del feminicidio y desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; asimismo, se ha unido a la defensa del medio ambiente ante la posible instalación de una mina en el poblado colindante de Samalayuca, donde algunas de las compañeras de esta colectiva desde el año pasado viven un acoso constante en redes sociales por acompañar las acciones de oposición a la mina. Además, Isabel colaboró en la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez en su programa del Observatorio Ciudadano de Justicia en Chihuahua donde contribuía al monitoreo del sistema de justicia penal acusatorio y la situación de violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio y la desaparición que acontece en esa ciudad desde 1993.

El asesinato de Isabel ocurre en una de las ciudades más peligrosas para ser mujer y ser activista. La Red Mesa de Mujeres en el 2019 registró 180 asesinatos de mujeres siendo un continuum del feminicidio y la violencia feminicida desde 1993. Esta situación ha detonado más de 400 recomendaciones de instancias de derechos humanos nacionales e internacionales como las del Comité CEDAW, señalando el deber de las autoridades de prevenir, atender, investigar y sancionar esta violencia que lacera a la ciudad, como a la reparación de daño y generar medidas de no repetición, cuestión que aún está pendiente de generarse.

Chihuahua, está en los primeros lugares de violencia contra personas defensoras de derechos humanos de México, por lo que el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas instaló desde el 2016 una Alerta Temprana de Protección en esta entidad, sin embargo la situación de agresiones dirigidas contra defensoras de derechos humanos no ha cesado. A la lista de compañeras defensoras asesinadas en Chihuahua que integra a Susana Chávez, Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Manuelita Solís y Miroslava Breach, se suma ahora, Isabel Cabanillas.

El Comité CEDAW, en sus Observaciones Finales al noveno informe periódico de México señaló la preocupación sobre la violencia que enfrentan las defensoras de derechos humanos y recomendó al Estado que tomara medidas concretas y efectivas para todas las entidades federativas, incorporando la perspectiva de género, de prevención, investigación y sanción de las agresiones contra periodistas y defensoras de derechos humanos que lleve al castigo de los responsables y adopte medidas para luchar contra la impunidad.

Y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, señalo en su visita a México en el 2017 que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan riesgos no sólo por su labor, sino también por su género, así como reconoce que realizan su activismo en un contexto de violencia generalizada, incluyendo la violencia feminicida y el alto grado de impunidad, que enfrentan situaciones de violencia y la discriminación, incluso dentro de sus propias familias y comunidades, frente a esto, señala la importancia del análisis del impacto psicosocial de la violencia y generar medidas de protección para afrontar estos riesgos.

Por lo tanto, desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que:

PRIMERO: Se garantice una debida investigación con perspectiva de género del asesinato de Isabel Cabanillas sin descartar que pueda ser un feminicidio, reconociendo su labor de artista y activismo a favor de los derechos de las mujeres y que lleve a la sanción de quién o quienes resulten responsables de estos hechos. Además de la correspondiente reparación del daño.

SEGUNDO: Instale medidas que garanticen la protección para las defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez y en todo el Estado; esto implica integrar las denuncias que correspondan, favorecer el seguimiento de la investigación, así como transparentar las acciones en la medida de no entorpecer el proceso que lleve a garantizar la disminución de impunidad ante estas agresiones.

TERCERO: Se generen mecanismos de participación para las personas defensoras de derechos humanos a partir de su labor de defensa, esto para cumplir con la obligación del Estado de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. Además de las múltiples recomendaciones que tienen en su haber, especialmente las vinculadas a la prevención, investigación, sanción, reparación e instalación de medidas de no repetición sobre la violencia contra las mujeres.

 

RED NACIONAL DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

 

¡Ni una más!
¡Protección Ya!
Las defensoras somos semillas de cambio.

#AlertaDefensoras MÉXICO / Policías estatales de Guerrero cometen violencia física, sexual y patrimonial contra la defensora indígena Teodomira Rosales

Teodomira Rosales Sierra

Organización
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Actividad
Derecho a defender derechos

HECHOS – Denunciamos el robo, la violencia física, patrimonial y sexual cometida en contra de la abogada y defensora indígena de derechos humanos Teodomira Rosales Sierra por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

El pasado 28 de diciembre de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública del estado impidió el paso con amenazas y golpes a Teodomira Rosales Sierra y a otras personas integrantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Chilapa de Álvarez, que se encontraban acompañando a familiares de personas desplazadas y resguardadas en la comunidad de Chichicualco, Municipio de Leonardo Bravo del estado de Guerrero, en una solicitud de establecer diálogo con la Guardia Nacional para pedir que ésta permaneciera en Chichicualco ante el temor de que grupos armados bajaran de la montaña y ocuparan la comunidad.

En el trancurso de los hechos, Teodomira Rosales Sierra recibió golpes y fue encañonada por un agente de la policía estatal que la amenazó con causarle un daño mayor. También la revisaron buscando armas, alzándole la blusa y bajándole el brasier y el mallón que llevaba puestos frente a las demás personas de la comunidad, aun cuando ella se había identificado como defensora de derechos humanos. Asimismo, a Teodomira y a otros defensores de derechos humanos les sustrajeron documentación de las victimas, dinero, computadoras, celulares, materiales de trabajo y ropa; además, el vehículo con el que se transportaban fue destruido por la policía estatal de Guerrero.

Ante la gravedad de estos hechos, desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos que de manera urgente se implementen medidas que garanticen la seguridad para la defensora tlapaneca Teodomira Rosales Sierra y para todas las personas que integran el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, así como una investigación oportuna y transparente de las agresiones en contra de nuestra compañera defensora de derechos humanos que lleve a la sanción de los agentes del estado que las llevaron a cabo. Asimismo, exigimos la inmediata reposición de todos los objetos, materiales de trabajo y bienes sustraídos y la reparación por los daños cometidos.

CIDH otorga ampliación de medidas cautelares a 17 defensoras de derechos humanos de Nicaragua

Fotografía: Jorge Mejía Peralta

  • Las defensoras y sus familias han vivido asedio, intimidación, amenazas, entre otras agresiones, desde el año 2018.
  • Esta medida llama al Estado de Nicaragua a proteger sus vidas y las de sus familias, bajo estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

CEJIL, IM-Defensoras, 31 de diciembre 2019. El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.

En la resolución, la Comisión considera que los derechos a la vida e integridad personal de Sofía Montenegro, Violeta Delgado, María Teresa Blandón, Mirna Blandón, Luz Marina Torres, Martha Cecilia Meneses, Sandra Arceda, Yamilet Mejía, Ana Patricia Martínez, Marlene Ponce, Carla Padilla, Jennifer Altamirano, Ruth Díaz, Xiomara Ibarra, Marlen Chow, Tamara Dávila, y María Virginia Meneses y sus familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.

Las defensoras y sus familias han vivido asedio, intimidación y hostigamiento, detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio y amenazas desde abril 2018 y antes. Ellas se desempeñan como periodistas, activistas, sociólogas e integrantes del movimiento feminista, uno de los grupos más visibles y contestatarios contra las arbitrariedades y atropellos de derechos que ha perpetrado el partido gobernante en Nicaragua.

Protección de sus vidas y de sus familias

En Septiembre 2018 la CIDH otorgó Medidas Cautelares a 17 defensoras en riesgo. Al ampliar las medidas cautelares, evidencia que la defensa de los derechos sigue constituyendo un riesgo para las defensoras, por lo que la CIDH solicita al Estado de Nicaragua que garantice los derechos a la vida e integridad personal de las beneficiarias y de sus familias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.

El documento emitido por la Comisión, llama también al Estado de Nicaragua a que “concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.”

Constancia contundente de un clima de violencia

Como organizaciones que acompañamos a defensoras de derechos humanos y sus familiares en el marco de la crisis de derechos humanos de Nicaragua desde abril del 2018, consideramos que la ampliación de las medidas cautelares reconoce y constata de manera contundente el clima de violencia y abierta violación a los derechos humanos que se vive actualmente en este país, en particular respecto de las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos e integrantes del movimiento feminista, así como la responsabilidad vigente del Estado de Nicaragua de cumplir con todas sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Desde abril 2018, Nicaragua ha protagonizado una oleada de protestas y manifestaciones pacíficas en contra del gobierno de Daniel Ortega que se mantienen hasta el día de hoy. Sólo en 2019, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras registró 423 agresiones a 160 defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Dichas agresiones incluyen detención ilegal, violencia sexual, secuestro, allanamientos a hogares y campañas de desprestigio, entre otras. Durante ese año, se contabilizaron agresiones contra 18 organizaciones afectadas con hostigamiento, vigilancia entre otras formas de violencia.

El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.
El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.