CIDH otorga ampliación de medidas cautelares a 17 defensoras de derechos humanos de Nicaragua

Fotografía: Jorge Mejía Peralta

  • Las defensoras y sus familias han vivido asedio, intimidación, amenazas, entre otras agresiones, desde el año 2018.
  • Esta medida llama al Estado de Nicaragua a proteger sus vidas y las de sus familias, bajo estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

CEJIL, IM-Defensoras, 31 de diciembre 2019. El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.

En la resolución, la Comisión considera que los derechos a la vida e integridad personal de Sofía Montenegro, Violeta Delgado, María Teresa Blandón, Mirna Blandón, Luz Marina Torres, Martha Cecilia Meneses, Sandra Arceda, Yamilet Mejía, Ana Patricia Martínez, Marlene Ponce, Carla Padilla, Jennifer Altamirano, Ruth Díaz, Xiomara Ibarra, Marlen Chow, Tamara Dávila, y María Virginia Meneses y sus familias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia.

Las defensoras y sus familias han vivido asedio, intimidación y hostigamiento, detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio y amenazas desde abril 2018 y antes. Ellas se desempeñan como periodistas, activistas, sociólogas e integrantes del movimiento feminista, uno de los grupos más visibles y contestatarios contra las arbitrariedades y atropellos de derechos que ha perpetrado el partido gobernante en Nicaragua.

Protección de sus vidas y de sus familias

En Septiembre 2018 la CIDH otorgó Medidas Cautelares a 17 defensoras en riesgo. Al ampliar las medidas cautelares, evidencia que la defensa de los derechos sigue constituyendo un riesgo para las defensoras, por lo que la CIDH solicita al Estado de Nicaragua que garantice los derechos a la vida e integridad personal de las beneficiarias y de sus familias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.

El documento emitido por la Comisión, llama también al Estado de Nicaragua a que “concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.”

Constancia contundente de un clima de violencia

Como organizaciones que acompañamos a defensoras de derechos humanos y sus familiares en el marco de la crisis de derechos humanos de Nicaragua desde abril del 2018, consideramos que la ampliación de las medidas cautelares reconoce y constata de manera contundente el clima de violencia y abierta violación a los derechos humanos que se vive actualmente en este país, en particular respecto de las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos e integrantes del movimiento feminista, así como la responsabilidad vigente del Estado de Nicaragua de cumplir con todas sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Desde abril 2018, Nicaragua ha protagonizado una oleada de protestas y manifestaciones pacíficas en contra del gobierno de Daniel Ortega que se mantienen hasta el día de hoy. Sólo en 2019, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras registró 423 agresiones a 160 defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Dichas agresiones incluyen detención ilegal, violencia sexual, secuestro, allanamientos a hogares y campañas de desprestigio, entre otras. Durante ese año, se contabilizaron agresiones contra 18 organizaciones afectadas con hostigamiento, vigilancia entre otras formas de violencia.

El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.
El pasado 24 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió ampliar las medidas cautelares de diecisiete defensoras de derechos humanos de Nicaragua, reconociendo el riesgo en el que se encuentran e instando al Estado nicaragüense a proteger la vida e integridad de ellas y de sus familias.

CIDH otorga medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de 16 presos y presas políticas

Fotografía: Jorge Mejía Peralta

  • CIDH otorgó medidas cautelares a Amaya Coppens, Neyma Hernández  Ivania Álvarez, Olga Valle, Wendy Juárez, Olama Hurtado, José Medina, Hánzel Quintero, Atahualpa Quintero, Jesús Téfel, Roberto Buchting, Melvin Peralta, Derlis Hernández, Marvin López, Wilfredo Brenes y Jordan Lanzas. 
  • La Comisión comprueba graves riesgos para los derechos a la vida, la integridad y salud de los y las beneficiarias.

Managua y San José, 27 de diciembre de 2019.-  El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 16 personas activistas y defensoras de derechos humanos apresadas injustamente desde el 14 de noviembre en Masaya, Nicaragua.

El grupo de personas beneficiarias, autodenominado “Banda de los Aguadores y las Aguadoras”, está conformado por activistas, defensoras y defensores que fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria mientras llevaban agua a las madres de otros presos políticos en huelga de hambre.

En su resolución emitida hoy, la CIDH lamenta la falta de respuesta del Estado a la solicitud de información que le fue realizada e indica “que se halla suficientemente acreditada la existencia de una situación de grave riesgo para los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás beneficiarios que están privados de libertad”.

“Traemos agua para las madres en huelga”

Las y los activistas y defensores, se acercaron a la iglesia San Miguel en Masaya, en la noche del 14 de noviembre para llevar agua a familiares de presos políticos en huelga de hambre. Las autoridades habían cortado el suministro de agua y energía; el cerco policial no les permitió el paso, les arrestó, les apresó y procesó por portación ilegal de armas.

En su resolución la CIDH hace énfasis en las condiciones de detención en las que se encuentran los y las beneficiarias. En este sentido, las familias de estas 16 presas y presos políticos han denunciado reiteradamente que les tienen en celdas muy pequeñas, con música a todo volumen alusiva al partido de gobierno, sin artículos de cuidado personal, material de lectura, ni ropa de cama limpia.

Asimismo, la Comisión tomó en consideración el estado de salud de estas personas, quienes se encuentran enfermas, expuestas  a condiciones insalubres y sin acceso a atención médica adecuada. Al respecto, Neyma Hernández, padece de hipertiroidismo, problemas cardíacos, parálisis facial y en otras partes de su cuerpo. Por su parte, la salud de Amaya Coppens se ha visto afectada por problemas de asma. Ellas no han recibido la atención de salud necesaria ni información para ellas o sus familiares. A esto se suman las constantes amenazas y abusos que enfrentan por parte de las autoridades del centro de detención.

A raíz de su detención, familiares de las personas beneficiarias también han sido objeto de persecución estatal,  intimidaciones y agresiones. Esta misma semana, Diego y Santiago Coppens, hermanos de Amaya Coppens, fueron agredidos por aproximadamente 15 personas y detenidos por varias horas. 

Ante estos hechos, la CIDH  solicitó al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás beneficiarios que se hallan privados de libertad en el Nuevo Chipote; asegure que sus condiciones de detención son compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; garantice el acceso a un tratamiento médico adecuado, siguiendo las recomendaciones de los especialistas correspondientes, a aquellos beneficiarios que lo requieran; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición”.

Por su parte, las organizaciones solicitantes exhortan a las autoridades nicaragüenses a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, a fin de garantizar la vida e integridad personal de las 16 personas detenidas. También instan a la comunidad internacional a mantener sus ojos en Nicaragua, toda vez que la represión  iniciada en abril de 2018 se mantiene en la actualidad.

La CIDH, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el Parlamento Europeo, responsabilizan al régimen de Ortega de cometer graves violaciones de derechos humanos tales como  ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales, entre otros crímenes “de lesa humanidad”. Al día de hoy, se cuentan al menos 328 personas asesinadas y más de 160 presos y presas políticas.