Este jueves 16 de diciembre, juzgados ordenaron el desalojo a la comunidad campesina de la Cooperativa San Isidro del Municipio de Tocoa, Colón. Alrededor de 150 policías desalojaron a 80 familias de la Cooperativa. 

Según información de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), el juzgado ha emitido órdenes de desalojo hasta el 21 de diciembre, desalojando a un grupo por día, sin embargo se desconocen cuáles serán los siguientes grupos por desalojar. 

El despojo de las tierras en el Bajo Aguan pone en riesgo la vida y la integridad de las familias, cuyos títulos de propiedad les pertenecen. En 2012, la cooperativa San Isidro recuperó sus tierras luego de un arduo proceso legal, pero después del fallo a su favor, el abogado y apoderado legal de la lucha, Antonio Trejo, fue asesinado, lo que permitió la manipulación del sistema de justicia y el desalojo de las familias. En 2019 se realizó un primer desalojo bajo un contexto de extrema violencia. 

El día de ayer, 15 de diciembre, la Cooperativa presentó un amparo en los juzgados de Francisco Morazán en jurisdicción nacional, el cual fue aceptado, sin embargo, dos horas después, el juez ejecutor ordenó el desalojo a la comunidad. La orden de desalojo emitida por el juzgado es ilegal y beneficia a la élite y las empresas extractivas de Honduras.  

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos la militarización, el despojo y la violencia contra las 80 familias campesinas en el Aguan.