Tal y como hemos venido denunciando desde la IM-Defensoras, durante el mes de junio y la primera semana de julio, el Estado nicaragüense detuvo arbitrariamente y mantiene privadas de libertad a un grupo de defensoras de derechos humanos, activistas feministas y lideresas políticas, así como a otras personas críticas con el gobierno o que se postulan como candidatas a las próximas elecciones presidenciales.
Estas detenciones ilegales han estado acompañadas de constantes violaciones a los derechos de las personas detenidas, entre ellas la negación del derecho a la publicidad de los procesos, la obstaculización del derecho a la defensa, así como la negación del derecho de las personas detenidas a tener visitas de sus familiares y entrevistas con sus abogados y abogadas y no poder constatar su estado de salud e integridad física y emocional. Familiares, abogados y personas defensoras de derechos humanos han solicitado en reiteradas ocasiones información al respecto, tanto a la Policía Nacional como al Poder Judicial, y las respuestas son negativas.
Este cerco alrededor de las presas políticas, asíc omo el ocultamiento de información e incomunicación que ha implicado, ha venido en escalada alcanzado su pico durante la tarde del pasado lunes 5 de julio, cuando la Policía Nacional instaló un retén para impedir que familiares llevarán agua a las personas privadas de libertad en el “Nuevo Chipote”. El mismo 5 de julio, también fueron agredidas por la Policía Nacional un grupo de defensoras de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), las cual habían llegado al lugar para preguntar por dos detenidos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y fueron desalojadas con lujo de violencia, recibiendo agresiones verbales y físicas por parte de agentes de la Policía Nacional
Cabe señalar que desde la IM-Defensoras se han registrado gravísimos hechos de violencia contra las mujeres presas políticas, sumando un aproximado de 540 agresiones contra defensoras en el primer trimestre del año, entre ellas, compañeras que cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas agresiones incluyen actos de vigilancia y hostigamiento, vulneraciones a la libertad de expresión, reunión y movimiento, amenazas y persecución. Como principales responsables de estas agresiones se han identificado a policías, agentes de departamento de operaciones especiales policiales (DOEP) y personas armadas de civil.
Dado todo lo anterior, expresamos nuestra profunda preocupación por la integridad y seguridad de las defensoras detenidas y sus familias; también demandamos el respeto a sus derechos y garantías constitucionales, al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, la publicidades de sus causas, así como a su derecho a la libertad inmediata. En este contexto instamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilante sobre la difícil situación de defensoras de derechos humanos en Nicaragua.