Este 7 de abril de 2021 se suspendió el juicio contra Roberto David Castillo, coautor del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. La suspensión del juicio ocurrió sólo horas después que abogados de la familia de Berta Cáceres presentaran pruebas de un pago de más de 1 millón de dólares por parte de Daniel Atala a David Castillo dos días antes del asesinato de la compañera Berta.
El proceso de búsqueda de justicia de la familia de Berta Cáceres, COPINH y organizaciones aliadas ha estado lleno de irregularidades por parte de la justicia hondureña. Ayer 6 de abril, el Tribunal de Sentencia anunció a la Misión de Observación Calificada y a OACNUDH que debían abandonar la sala de audiencias y sólo monitorear el proceso de forma virtual. Tres días antes, las autoridades habían detenido y hostigado sin motivo alguno a familiares de Berta.
Entre muchas otras irregularidades, el 21 de agosto de 2020, el juez decidió expulsar a las hijas e hijo de Berta Cáceres, quienes participarían en la audiencia contra Castillo. Además, canceló la transmisión en vivo que se haría a través de la página del Poder Judicial de Honduras.
Las irregularidades durante todo el juicio, las continuas faltas de respeto y debida diligencia por parte de las autoridades judiciales y las acciones dilatorias promovidas por la defensa del Sr. Castillo, no solo retrasan el acceso a la justicia sino que constituyen una forma de violencia e incluso tortura contra la familia de Berta Cáceres, el COPINH y las organizaciones y redes que les acompañan.
Contexto de impunidad
Castillo es ex-gerente de la empresa DESA y ha sido acusado de ser el vínculo entre los autores y la estructura sicarial responsable del asesinato de la defensora. La familia de Berta Cáceres presentó más de 50 medios de pruebas durante esta audiencia que acreditan esta acusación.
El feminicidio de Berta ocurrió el 2 de marzo del 2016 en La Esperanza, Honduras. Ella llevaba más de 20 años defendiendo el territorio, los bienes comunes y los derechos humanos del pueblo Lenca. Además de co-fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) y siempre desde una visión feminista, luchó junto con otras personas defensoras para detener empresas y multinacionales que intentaban destruir el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades indígenas de su país.
En 2016, DESA, en alianza con otras empresas, construían la hidroeléctrica “Agua Zarca” en el territorio indígena Lenca, destruyendo recursos hídricos, ambientales y expulsando a comunidades enteras. Después de años de lucha del pueblo Lenca en contra del megaproyecto, hombres armados asesinaron a la defensora. Años después, se probó en tribunales la vinculación de estas personas con DESA y sus socios.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, demandamos al Estado hondureño:
Asegurar un proceso transparente, expedito e independiente contra el acusado David Castillo.
Abrir las puertas del proceso a observadores independientes y a familiares de Berta Cáceres..
No permitir que las acciones de defensa obstaculicen la justicia para las víctimas.
Protección para las víctimas, incluyendo la familia de Berta y restitución de derechos para que ellos y ellas puedan ser parte de la búsqueda de justicia de la defensora.
Pedimos urgentemente a la comunidad internacional, las organizaciones defensoras de derechos y los movimientos sociales continuemos vigilantes y mantengamos nuestra demanda y exigencia de:
Justicia integral e inmediata en todos los procesos relacionados con la defensora Berta Cáceres, su familia, COPINH y el pueblo Lenca.