El pasado 16 de septiembre, junto a otras organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Front Line Defenders y Asociadas por lo Justo (JASS), enviamos una carta pública al presidente del Gobierno de Guatemala, Alejandro Giammattei, para recordarle la obligación del Estado de Guatemala de dar cumplimiento sin demora a la sentencia “Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2014 en la cual se ordenó la adopción de una Política Pública para la Protección de las Defensoras y los Defensores de Derechos.

En la carta expresamos nuestra preocupación ante el hecho que, a seis años de la sentencia de la Corte, Guatemala sigue sin adoptar la política pública ordenada, pese a que las personas defensoras de derechos humanos viven un asedio constante por motivo de su trabajo y la gran mayoría de agresiones que sufren quedan en la impunidad. 

En este sentido, hemos constatado como sólo durante los seis primeros meses del año, en el marco de la pandemia de la COVID-19, se han registrado 677 ataques, una cifra muy superior a la de años anteriores, incluyendo 10 asesinatos. Por lo que consideramos urgente abordar los riesgos que enfrentan las personas defensoras de manera integral e interseccional, a través de una política pública y recursos adecuados para fortalecer la respuesta interinstitucional a la problemática.