CARTA PÚBLICA / Riesgo latente de Estado de Sitio en Guatemala después de orden de expulsión del Presidente Jimmy Morales contra el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

agosto 28, 2017

Mesoamérica 28 de agosto de 2017 – La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), integrada por 837 defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, comparte su indignación y se une a las demandas manifestadas por organizaciones nacionales e internacionales y defensoras de derechos humanos y gran parte de la sociedad guatemalteca, en torno a los graves ataques y la vulneración de las garantías constitucionales perpetrados por parte del Presidente del Gobierno, Jimmy Morales, contra Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Tras una prologada campaña de ataques y campañas de desprestigio denunciadas desde la IM-Defensoras a través de alerta emitida el pasado mes de marzo, este domingo 27 de agosto el Presidente Jimmy Morales ordenó la expulsión del Comisionado de la CICIG tras declararlo “persona non grata”, acción para la cual según el marco legal vigente, el presidente no tiene competencia y que vulnera el Derecho Internacional y el debido proceso administrativo derivado del acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala.

La CICIG y su comisionado Iván Velásquez, han tenido un papel fundamental en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Como han advertido organizaciones de derechos humanos en Guatemala, esta decisión ilegítima del Presidente está vinculada con el proceso al que están sujetos familiares directos del Presidente Morales y él mismo, enfrenta un antejuicio solicitado por el Ministerio Público, suponiendo una flagrante e intolerable imposición de intereses particulares sobre el interés colectivo y un evidente conflicto de intereses.

Tras constatar el legítimo nivel de crispación de la sociedad civil ante estos hechos, las organizaciones y defensoras guatemaltecas de derechos humanos han manifestado su preocupación ante la posibilidad que el Gobierno decrete el Estado de Excepción con el objetivo de impedir y reprimir el derecho a la protesta y las garantías constitucionales de los y las guatemaltecas.

Por todo ello, desde la IM-Defensoras respaldamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad de otorgar el amparo provisional y dejar en suspenso la orden emitida por el Presidente y exigimos al Gobierno que respete tanto el acuerdo suscrito con la ONU para la creación de la CICIG como las garantías constitucionales, el derecho a la protesta y la seguridad de los y las guatemaltecas.

Finalmente hacemos un llamado a organizaciones e instancias internacionales para que se solidaricen con el pueblo y organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y den seguimiento a esta grave situación.