Sonia Isabel Gáleas, Gerardina Santos Hernández y Norma Suyapa Herrera, defensoras de la tierra del departamento de La Paz e integrantes de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), se encuentran privadas de libertad desde el pasado mes de julio, acusadas de usurpación de tierras, portación ilegal de armas, delitos ambientales, robo agravado, hurto y atentado contra la seguridad del Estado.
El 18 de agosto de 2015, Sonia Isabel Gáleas, Gerardina Santos Hernández y Norma Suyapa Herrera, se presentaron a audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa.
El Juzgado de Letras de Marcala decidió que las defensoras continuasen en prisión, con la justificación de no haber acreditado su arraigo, solicitándoles que lo acrediten presentando constancias de trabajo, constancias de poseer cuentas bancarias y escrituras de bienes inmuebles a su nombre.
En audiencia anterior se dictaron medidas sustitutas a Maria Melecia Hernández, de 74 años; María Emérita López, quien sufría complicaciones en su embarazo de cuatro meses y que
finalmente padeció un aborto poco después de abandonar la cácel; y de los menores Walter Rodríguez, de 15 años; Selvín Vásquez, de 13; y Olman Saddiel Chicas, de 16, también acusados de usurpación de tierras y sedición.
Las defensoras regresaron a las celdas del centro penal del Departamento de la Paz, donde permanecen en condiciones infrahumanas: duermen en el suelo y se encuentran en una situación de aislamiento del resto de personas privadas de libertad.
Desde la IM-Defensoras exigimos al Estado hondureño que respete las garantías constitucionales de las defensoras y deje de utilizar la criminalización como una estrategia para castigar e inhibir la labor de defensa de #DDHH.
